Ante el Juzgado 10 Administrativo Oral de Circuito de Ibagué, el director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Jorge Enrique Cardoso, interpuso una demanda contra los actos administrativos que modifican el uso del suelo del municipio de Alvarado emitidos por el alcalde Pablo Emilio López y el Concejo municipal.

El director de la Corporación señaló que acudió a las instancias judiciales, toda vez que hay preocupación debido a que ya se evidenció que hay “cuatro constructoras que están adelantando actividades en Alvarado, en área catalogada como rural y están iniciando obras”.

Es por eso que ya “el Juzgado 10 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué acaba de admitir la demanda que el director de Cortolima presentó contra los actos administrativos que modifican el uso de suelo en el municipio a través de dos decretos que emitió el alcalde de Alvarado y dos acuerdos que emitió el Concejo municipal cambiando el uso de suelo en una gran porción del área rural, para permitir la construcción de casas campestres en esa área, actividad que no fue concertada como lo señala la Ley 388 con la autoridad ambiental”.

Frente a las obras que ya están iniciando, informó que los constructores “de carácter particular están aprovechando ese indebido cambio de uso de suelo por parte de la administración municipal y están adelantando estas actividades, pero lo más grave es que en el municipio se continúa desconociendo que esa modificación del uso del suelo fue variado sin el procedimiento que ordena la ley y que debe agotarse ante la respectiva autoridad ambiental”.

Luego de adelantar la respectiva demanda frente a esas irregularidades, el director de la Corporación aprovechó para hacer un llamado al alcalde Pablo Emilio López “para que ejerza sus potestades de carácter policivo y urbanístico a fin de evitar el deterioro de uso del suelo en el área rural en Alvarado”.

En estos momentos, informó Cardoso se están iniciando obras, en la zona se observa “maquinaria en esos cuatro puntos, desarrollando actividades de obras de urbanismo, actividades de adecuación de los condominios”, por lo que “estamos esperando el resultado del proceso de la demanda contenciosa como medida preventiva que ha tomado la corporación”.

Concluyó advirtiendo que “la Alcaldía debe ejercer sus competencias y proceder a suspender esas obras porque no se adecua a las normas del POMCA, Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Totare, ni a las normas de la Ley 388 y el Decreto 3600 de 2013”.