Según Díaz, “es increíble que en el siglo XXl sigan desapareciendo estos recursos en el departamento”.

Justamente, la situación se estaría presentando a diez minutos de la inspección de Doima, corregimiento del municipio de Piedras, “con el objetivo de favorecer de intereses económicos en el arroz” adjuntó.

Al parecer lo que antes era un balneario, un lugar donde la gente iba a tomar la frescura de las aguas, años después se convirtió el sistema de riego privado para empresarios del sector, aunque la situación lleva bastante tiempo presentándose pero hasta ahora se denuncia y se busca un proceso de reparación.

De igual forma, Néstor señala que “ven como la autoridad local, ambiental, incluso municipal, han permitido esta vulneración de los derechos colectivos, como lo son el gozar de un ambiente sano, el equilibrio ecológico y al tiempo han sometido a una comunidad al razonamiento e ineficiencia en el servicio domiciliario, como lo es el acueducto municipal”.

El río ya no está más en su cauce natural, normal y ecológico. Afirma el denunciante que ya no pasa agua por el cauce, “el río Opia desapareció en este sitio, ello ocasionó un daño irreparable a la fauna y flora, ante la inexistencia del preciado líquido”  

Por tal razón se pregunta: ¿Quién va responder por este daño? tal como lo plantea el jurista ambiental, como no ha encontrado eco, decidió instaurar un procedimiento previo a la acción popular donde hace un derecho de petición a Cortolima, al Ministerio del Medio Ambiente, a la Personería y Alcaldía quienes deberán responder por ejercicio de sus funciones y competencias, de no hacerlo en 15 días, Grégory procedería con el mecanismo de la voluntad popular inmerso en la carta magna.