El presidente Santos sancionó la Ley de Páramos que buscaría establecer acciones reales para la protección de estos ecosistemas en el país, sin embargo dicha ley ha causado molestia en las Corporaciones Autónomas de cada departamento pues se centralizarían recursos que actualmente perciben e irían a parar al Gobierno Central para financiar el proyecto.

El director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, explicó que las CAR no están de acuerdo con un dos artículos que centralizan los recursos que provienen del sector eléctrico dado que les restaría una importante partida para la inversión ambiental de cada departamento.

Se debe tener en cuenta que las transferencias del sector eléctrico son el segundo renglón de aportes a las CAR por lo que retirar estos recursos sería un impacto muy negativo para el Tolima.

“Esto se asemeja al proceso de regalías, un modelo que ha sido un fracaso, de las 33 Corporaciones habían 7 que recibían recursos de las regalías y a la actualidad luego de 6 años no hemos podido acceder a dichos recursos”.

Para Luciano Grisales, uno de los proponentes de la ley, aseguró que la sanción presidencial es fundamental para conservar los ecosistemas que son vitales para la vida de los colombianos y comentó que se le hará un acompañamiento a las CAR así como trabajaran en la construcción de una política pública que ayude a alcanzar el objetivo de proteger y conservar.

Jorge Enrique Cardoso manifestó que hay Corporaciones que saldrían muy afectadas por la ley ya que reciben el 70% de sus recursos de las transferencias eléctricas y ellas son:

• Cornare en Antioquía
• Corpoguavio
• Cortolima
• Corpochivor

En el caso de Cortolima serían cerca de 3 mil millones de pesos los que se dejarían percibir anualmente lo que resultaría muy grave para la protección ambiental del departamento porque quedarían muchos programas sin recursos para seguir funcionando.

“Estuvimos reunidos y acordamos primero acompañar al Gobierno Nacional para apoyar la reglamentación, segundo demandar ante la Corte Constitucional los dos artículos que nos están perjudicando y por último tramitar ante el Congreso un nuevo proyecto de ley que aclare el yerro que se cometió”.