Los gobernador, Jorge Emilio Rey de Cundinamarca; Luis Pérez de Antioquia; Óscar Barreto Quiroga del Tolima; Carlos Andrés Amaya de Boyacá; la Asamblea de Cundinamarca y de Antioquia, alcaldes, entre otras fuerzas vivas y actores regionales del país, han manifestado su respaldo a la   defensa de los recursos económicos de las CAR en el marco del proyecto de Ley para la protección de Páramos, cuyo artículo 24 las dejaría sin recursos para la gestión ambiental en la región.

“El trámite de conciliación en el congreso ha generado para nuestro departamento gran preocupación ya que pretende centralizar los recursos que hoy se transfieren del sector eléctrico a las Corporaciones Autónomas Regionales dejando así sin financiación una serie de programas y proyectos alrededor del recurso hídrico”, manifestó el mandatario seccional de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en su petición al presidente de la república Juan Manuel Santos.

Otras voces

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, también emitió una solicitud en la cual señaló lo siguiente: “Lo que en un principio lucía como un loable interés del Legislador y del Gobierno Nacional de impulsar la expedición de una ley para proteger los páramos de Colombia, terminó en un desalmado raponazo a los recursos ambientales de las regiones”.

Tolima también hizo presencia, el gobernador Óscar Barreto Quiroga, solicitó que “sean objetados o retirados, los artículos que cercenan de tajo los recursos a las CAR, por ser un instrumento centralista, que van en contra de la autonomía y el desarrollo de las regiones y porque a las claras afectan nuestros ecosistemas estratégicos”.

La legalidad

Frente a estas diversas solitudes y apoyos la Presidencia de la República informó en las últimas horas mediante el oficio del pasado 9 de julio que: “Una vez se allegue por parte del Congreso de la República la propuesta legislativa, el Gobierno Nacional procederá a su examen bajo los señalados lineamientos constitucionales”.

Según ASOCARS este proyecto de ley tiene una vocación centralista, ya que toma como recursos financieros para su implementación dos rentas propias de las CAR: transferencias del sector eléctrico TSE y las tasas por utilización de agua, TUA, recursos generados y manejados desde las regiones, que pasarían a ser administrados y distribuidos por el Gobierno Nacional, contrariando la Constitución Política, así como la Ley 99 de 1993, respecto del manejo y destinación de los recursos para la gestión ambiental, en cabeza de las CAR, generando un manto de inconstitucionalidad sobre este texto.