Con 14 votos a favor, la Sala Plena del Consejo de Estado tumbó la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nacion. El alto tribunal aceptó los planteamientos de la ponencia presentada por la magistrada Rocío Araújo quien argumentó que se presentaron graves fallas en la postulación y elección del abogado santandereano como jefe del Ministerio Público.

Después de seis meses de estudio, la Sala Plena apoyó mayoritariamente la citada ponencia. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo determinó que la figura de la reelección del Procurador General no existe ni en la Constitución Política de 1991 ni en la ley hecho por el cual Ordóñez Maldonado no podía ser postulado ni elegido para ocupar el cargo para un segundo período consecutivo. 

Éste fue el argumento clave para considerar que la elección de Ordóñez Maldonado por parte del Senado el 27 de noviembre de 2012 para asumir el cargo por segundo periodo consecutivo fue a todas luces ilegal puesto que esto no se podía avalar por parte del Congreso de la República. 

Igualmente se determinó que existió una falla en su postulación como candidato por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia puesto que no se aceptó el impedimento presentado por tres magistrados que argumentaron que existía un conflicto de intereses ya que tenían familiares cercanos trabajando en la Procuraduría General. 

La historia de este proceso comenzó en enero de 2013, cuando 10 abogados, encabezado por Rodrigo Uprimny, presentaron una demanda de nulidad contra la reelección de Ordóñez. Desde ese entonces, el caso ha sido tema de polémica debido a los pocos avances que se presentaron en su estudio y votación.

Una de los argumentos planteados en la demanda es que, cuando el Congreso debía votar para elegir al Procurador en 2012, se presentaron 28 recusaciones y 39 impedimentos por parte de congresistas que tenían familiares trabajando en el Ministerio Público. Pero ninguna prosperó. Además, la tutela expresó que 59 de los congresistas que votaron por la reelección tenían conflicto de intereses.

La demanda contra la reelección 

En julio de 2014, el estudio del caso estaba a cargo de los magistrados de la Sección Quinta y estaba a punto de fallar en contra del Procurador, con la ponencia del magistrado Alberto Yepes, quien en un comienzo dijo que era legal el nombramiento de Ordóñez. Pero tiempo después cambió su ponencia y dijo que debía ser declarada nula. Justo antes de fallar, el magistrado Marco Antonio Velilla pidió que el tema se discutiera en la Sala Plena. Ahí vinieron más problemas: recusaciones, impedimentos -cuatro magistrados no votaron-, y solicitudes de nulidad.

Su solicitud fue avalada por los magistrados del Consejo de Estado y, en cuanto entró a la Sala Plena, aparecieron otros impedimentos, aclaraciones de voto, impedimentos, memoriales de la defensa y dos solicitudes de nulidad que presentó la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda.

A las demoras que se presentaron dentro del proceso, hay que sumarle los constantes cambios de los magistrados que terminaban con sus periodos. El año pasado, cuando el caso todavía se encontraba dentro de la Sala Plena, el alto tribunal tenía también que llenar nueve vacantes. Cuando por fin se completaron los despachos, el caso cayó en manos de la recién nombrada magistrada Rocío Araújo.

Con Araujo como magistrada ponente quedó anunciada la ponencia en contra de la reelección del procurador. La abogada rosarista, que terminó escogida tras una reñida elección con un delegado de la Procuraduría, empezó un lento itinerario, que incluyó la pérdida de un material clave de estudio, hasta configurar la ponencia de 250 páginas que en esencia plantea que Ordóñez fue reelegido de manera irregular, pues ni siquiera era viable.

Tomado de El Espectador (ver nota original)