Carlos Lozano Guillén es un dirigente histórico de la izquierda colombiana, y por supuesto, un sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica y de otros intentos criminales por acallar la voz deliberante de la oposición política en Colombia. Si algo le reconoce el país –luego de más de cuarenta años de presencia activa en los principales debates nacionales, de sus enormes aportes a la reconciliación, de su terca insistencia en lograr una salida negociada al conflicto armado, y de decenas de libros publicados– ha sido su coherencia política, su transparencia y su vocación de paz.

Carlos Lozano ha sido intermediario entre la insurgencia y el gobierno en varios procesos de paz. Director del Semanario VOZ desde los noventas, vocero de Marcha Patriótica y aun, sobre sus quebrantos de salud, sigue siendo un incansable batallador por la paz con justicia social y por el derecho a la memoria histórica en el país.

En el 2008, mientras el gobierno del presidente Álvaro Uribe intentaba infructuosamente ligarlo a la lucha armada para silenciarlo, y lo convertía en víctima de persecución, de falsos judiciales y estigmatizaciones, en Francia era nombrado Caballero en la Orden Nacional de la Legión de Honor, la más alta condecoración que otorga el gobierno de ese país.

Desde hace dos o tres años su ausencia en eventos públicos empezó a llamar la atención. Luego se supo que le había sido diagnosticado un voraz cáncer que con enorme estoicismo y dignidad enfrentaba en silencio y resguardado en su casa. Sin embargo, la precariedad en el sistema de salud nacional pone en riesgo su vida.

No pudieron silenciarlo las balas, las amenazas, la muerte violenta de sus compañeros de lucha ni la misma criminalidad de Estado que hoy pretende acabar con su vida negándole el derecho fundamental a recibir atención médica prioritaria. La EPS Coomeva, pese al fallo de una tutela a su favor, no le ha suministrado el medicamento para quimioterapia prioritaria del que depende su tratamiento y bienestar.

Es mucho, muchísimo lo que Colombia le debe a Carlos Lozano. Y el Estado tiene el deber de garantizar plenamente sus derechos como ciudadano, pero además tiene el deber moral de corresponder de manera efectiva y oportuna a la entrega generosa de Carlos Lozano por hacer de Colombia un país genuinamente democrático, soberano justo y en paz.