El Presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley de víctimas de ataques con agentes químicos, ácido o sustancias similares, con la cual se tipifica como delito autónomo dicha conducta, aumentan las sanciones para los responsables y elimina distintos beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

De acuerdo con la ley sancionada, la pena para los responsables de ese delito sube de 150 a 240 meses de prisión si la conducta es simple; de 251 a 360 meses de prisión si el ataque causa deformidad o daño permanente en la víctima; y se aumenta la pena hasta en una tercera parte si la conducta conlleva deformación del rostro.

Se prevé que el homicidio agravado (cuando la conducta sea cometida con sevicia) y las lesiones causadas con ácido no gozarán de los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena, de prisión domiciliaria, y de ningún otro de carácter judicial o administrativo.

La ley sancionada entrega al Gobierno Nacional la responsabilidad de formular en un plazo de 6 meses a la expedición de la ley, una política pública integral a las víctimas de ataques con ácido y otras sustancias químicas, garantizando el acceso a la atención médica y sicológica integral.