“A pesar de que trascurrieron 30 años, el Estado colombiano no ha cumplido con la obligación derivada del derecho internacional de investigar, juzgar y sancionar a los mandos del M-19 que planificaron y ordenaron la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia. Hasta la fecha no existe sentencia contra ningún miembro de la cúpula de esa organización”, explicó este jueves el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien utilizó este hecho como punto de análisis y reflexión frente a lo que podría ocurrir con la cúpula de las FARC en caso de que se concreten acuerdos de impunidad en el proceso de diálogos que en la actualidad se desarrolla en La Habana (Cuba). 

Según el jefe del Ministerio Público, el reciente anuncio de la Fiscalía General de la Nación de “determinar los alcances de la cosa juzgada de los indultos y amnistías con los que fue favorecida la cúpula del M-19 luego del proceso de paz en que se reintegró a la sociedad”, puso punto final a la “falsa seguridad jurídica” en que se cimentaban los acuerdos de paz de 1990 y marca una pauta que debe ser atendida por Gobierno y FARC en la mesa de diálogos.  

“La cúpula del M-19 creyó, como lo creen en La Habana, que bastaba la decisión política del Gobierno de turno para pactar una paz que dejara en la impunidad su responsabilidad por la masacre del Palacio de Justicia. Señor ‘Timochenko’, a ustedes les pueden decir lo mismo que dijeron al M-19 en 1990. Señor ‘Iván Márquez’, ustedes pueden estar convencidos que el modelo pactado les da seguridad jurídica. Lo mismo que creyó el M-19. Pero señores, la única seguridad jurídica es cumplir a cabalidad con los mínimos penales derivados del derecho internacional y la jurisprudencia interamericana y nacional”, dijo el jefe del órgano de control a los cabecillas de la organización terrorista.

En su intervención, el procurador de los colombianos reiteró que solo el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de justicia transicional, es decir, penas de reclusión reducidas pero efectivas para los máximos responsables de crímenes atroces, así como real reparación a las víctimas de las FARC, garantizará que la impunidad de 1990 no se repita en 2016, 2017 o en el año en que eventualmente se alcance un acuerdo. 

“No podemos cambiar una impunidad de 1990 por otra modelo 2015. Lo que el país reclama y las víctimas exigen es justicia, verdadera justicia, No simulacros ni pantomimas de justicia. Ni un día más de impunidad”, enfatizó.