Según la Corte, el personal militar de Estados Unidos que haya entrado al país amparado por este acuerdo debería salir inmediatamente.

Sin embargo, los efectos prácticos no se sentirán, según fuentes del Gobierno colombiano, pues este momento el número de militares y de personal de Estados Unidos presente en el país no llega a las 300 personas, lo cual está lejos del tope de 1.200 que contemplaban los acuerdos anteriores.

La demanda que analizó la corte fue interpuesta por la organización no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que pide que se declare "inexequible" (no ajustado a la Constitución) el convenio militar firmado en octubre de 2009.

El magistrado Jorge Iván Palacios, encargado de estudiar esa demanda, dijo en una ponencia que la firma del acuerdo no cumplió los requisitos legales y, dado que se trata de un convenio distinto a otros anteriores, debía pasar por el Congreso para su aprobación.

Sin embargo, para el Gobierno es una continuidad de otro pacto bilateral militar vigente desde 1974, por lo que no necesita el visto bueno del Congreso.

El acuerdo permite a soldados y asesores estadounidenses acceder y utilizar al menos siete bases militares en Colombia para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

En octubre de 2009, poco antes de la firma del acuerdo, el Consejo de Estado de Colombia entregó unas consideraciones no vinculantes al Gobierno en las que también consideraba que el convenio militar debía ser aprobado por el Congreso.

La firma del tratado fue uno de los detonantes para el agravamiento para las relaciones con Venezuela el año pasado.