Hoy 20 años después, la historia se repite con el Presidente Santos, a su campaña ingresaron dineros de una persona jurídica extranjera (ODEBRECHT) y los cuales no fueron reportados en los libros de contabilidad, conducta que es sancionada por el Consejo Nacional Electoral y además estos aportes se consideran prohibidos para campañas electorales de nacionales.

Lo más lamentable es reconocer que como Estado fuimos incapaces de iniciar estas investigaciones y si no es por las revelaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de los documentos sobre sobornos realizados por Odebrecht y que directivos de esta empresa aceptaron pagar en varios países, el escándalo no sería público y no se hubieran iniciado las investigaciones correspondientes por parte de las fiscalías y procuradurías correspondientes.

¿Cuáles fueron los países donde se pagaron sobornos de Odebrecht para obtener contratos?

Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

Santos aseguró, en un video publicado en Twittter, que no tuvo “conocimiento de estas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña”, además afirmó “Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar.”

Lo cierto es las excusas presentadas y la manifestación de desconocimiento del ingreso de estos dineros ilegales nos recuerdan a las salidas y justificaciones del expresidente Samper dentro del proceso 8000 que se adelantó en su contra, hoy podemos ver la situación de Santos como el proceso 8001, en donde nos damos cuenta los colombianos que nuestros dirigentes con tal de llegar al poder hacen lo que sea, sin importar las reglas de competencia electoral, como si al mejor estilo de Nicolás Maquiavelo el fin justificara  los medios, como si lo importante es solo la meta y no el camino, se le da un mal ejemplo al país y a las nuevas generaciones, en donde al parecer el todo vale es una práctica de los que al sentirse incapaces de vencer a su contendor le venden el alma al diablo, no piensan en las consecuencias sino solo en el momento, vivimos un momento de crisis en la ética nacional.

Es importante resaltar que las excusas presentadas por Santos y la manifestación que no se enteró del ingreso de estos dineros, concebidos en nuestra legislación como financiación prohibida, no exoneran de responsabilidad al primer mandatario de los colombianos, para soportar esta afirmación es indispensable leer la Ley 1475 de 2011 que regulo la organización de partidos y movimientos políticos, que en su artículo 27 establece: 

“Financiación prohibida. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas:

 1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Entonces ante la evidente violación de normas electorales por parte del actual Presidente juan Manuel Santos ¿cuáles pueden ser las sanciones? la respuesta según el artículo 109 de la Constitución es que, en los casos más graves, el ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política.

¿Cuál puede ser entonces la estrategia de Santos?

Buscar atribuir todos los aportes de la persona jurídica extranjera (Odebrecht) a la campaña del año 2010 y no a las elecciones del 2014, para solicitar el archivo de las investigaciones por haber operado la prescripción.

Un Presidente decente ante este escándalo debe presentar la renuncia inmediata al cargo, pero como no existe un mecanismo dentro de la legalidad para lograr retirarlo, es importante que el elector piense muy bien por quien votará en las elecciones del año 2018.