Con el respaldo de representantes de diversos sectores políticos, se dio luz verde al "Proyecto de Ley 401 de 2023 Cámara", que promueve la competencia justa en el sector financiero, así como al "Proyecto de Ley 303 de 2022 Cámara", que establece la gratuidad en el examen de admisión a la educación superior en instituciones públicas para grupos étnicos y víctimas

El Proyecto de Ley 401, de autoría congresional y presentado por los representantes David Alejandro Toro Ramírez, Heráclito Landinez Suárez, John Jairo González Agudelo, Mary Anne Andrea Perdomo, Carmen Felisa Ramírez Boscán, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo y María Del Mar Pizarro García, fue respaldado por la plenaria de la Cámara de manera unánime. El representante ponente, Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, explicó que el objetivo principal de esta iniciativa es garantizar la equidad en el acceso a los recursos de las entidades territoriales, permitiendo que las entidades cooperativas y financieras compitan por estos recursos corrientes.

Por su parte, el también ponente, José Alberto Tejada, del Pacto Histórico, enfatizó que se trata de promover una competencia justa en el sector financiero, sin perjudicar a los bancos, sino permitiendo que otras entidades financieras participen en la disposición de los excedentes de liquidez de las entidades territoriales.

Además, la Plenaria de la Cámara aprobó el "Proyecto de Ley 303 de 2022 Cámara", presentado por el representante Silvio José Carrasquilla Torres del partido Liberal. Este proyecto establece la gratuidad en el pago del examen de admisión a estudiantes pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisbén IV, grupos étnicos y población víctima en instituciones de educación superior públicas.

 El representante ponente, Gerson Lisímaco Montaño Arizala, de la Corporación Red de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del Pacífico Sur, destacó que esta medida busca facilitar el acceso a la educación superior para aquellos estudiantes que enfrentan dificultades económicas.

Según Montaño Arizala, en 2022, solo el 20% de los 190,000 estudiantes que ingresaron a la universidad pertenecía a estos grupos de población mencionados, y muchos de ellos tenían dificultades para pagar el examen de admisión debido a la escasez de recursos. Con la aprobación de este proyecto, se pretende reducir esta barrera económica y promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior en instituciones públicas.

Ambos proyectos de ley representan avances significativos en la promoción de la equidad y el acceso a servicios financieros y educación superior en Colombia.