La Federación Colombiana de Municipios, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, realizaron un encuentro con los mandatarios locales para conocer la problemática que está ocurriendo en las regiones en materia de seguridad en el país.

Los alcaldes de las zonas más afectadas por el accionar de los grupos armados ilegales, realizaron graves y contundentes denuncias a vísperas del ejercicio electoral que se realizará el próximo 29 de octubre.

Para los mandatarios es grave y desgarrador el diagnóstico de la situación preelectoral en muchos territorios del país. Los actores armados ilegales, ejercen control territorial; control territorial que hoy no está haciendo la fuerza pública.

El pedido de todos los alcaldes es que el Ejército pueda iniciar operaciones de estabilidad, seguridad y control en aras de garantizar la seguridad y los derechos de la población civil que se vienen viendo afectados por los grupos armados.

Por la proliferación y recrudecimiento de las amenazas 8 alcaldes se han visto obligados a trasladar sus despachos fuera de la jurisdicción de sus municipios, como única alternativa para salvaguardar su vida.

Hay constreñimiento a la libre movilidad, en consideración a que en algunas zonas han aparecido pancartas, prohibiendo la libre circulación después de las 6:00 pm, tampoco se puede circular por algunas vías con cascos y los vehículos no pueden transitar con los vidrios arriba.

Dijeron que existe una especie de co-gobernabilidad dentro de los territorios porque ellos están imponiendo leyes, están imponiendo la forma del desarrollo dentro de estos territorios.

Señalaron que hay una especie de “silencio administrativo” por parte del Gobierno Nacional al desconocer y no reaccionar oportunamente a las problemáticas que se viven en las regiones afectadas por el conflicto.

“En nuestras regiones no existen solamente tres grupos, no existe solamente el Eln, no existe solamente las Farc, no existe solamente el Epl, sino también los grupos de narcotráfico, los grupos de Bacrim, tenemos el tren de Aragua, tenemos también grupos de narcotráfico extranjeros, cartel de Sinaloa y algunos grupos de narcotráfico trasnacional”, señala un comunicado de la Federación Nacional de Municipios.

Expresaron su tristeza por la pérdida de reconocimiento y autonomía municipal, el Estado pretende hacerlo todo desde Bogotá y por eso la lentitud en la ejecución y aprobación de proyectos.

“Aquí se toman decisiones desde Bogotá, desde una oficina y los alcaldes y los gobernadores no somos escuchados. hoy pareciera que al gobierno nosotros no le interesamos, creeríamos que en muchas ocasiones ni siquiera la vida de nosotros como mandatarios le interesan al gobierno”, señala la Federación.

Los mandatarios locales afirman que tienen pocos recursos, para enfrentar todas las responsabilidades y expectativas que tienen sus comunidades.

Igualmente denunciaron el aumento de extorsiones,  secuestros,  intimidaciones, reclutamientos y atentados terroristas contra las antenas de comunicación, la infraestructura institucional y contra la población en general.

“El gobierno nacional ha sido muy generoso, bondadoso, con estos grupos al margen de la ley, pero no hay una demostración real de estos grupos, de que quieren verdaderamente la paz”, asegura Fedemunicipios

Hoy, en varios municipios, los grupos al margen de la ley no han permitido inscripciones de cédula, y pareciera que el Gobierno Nacional está legitimando a estos grupos. Pareciera que algunos comandantes guerrilleros quisieran reemplazar al Consejo Nacional Electoral, ellos son quienes determinan quién puede hacer política y quien no; en algunas regiones se está carnetizando a la sociedad civil, denuncia la organización civil.

Los mandatarios pidieron reglas de juego claras para la paz, “no se puede aceptar que mientras el Gobierno Nacional firma un Decreto de cese al fuego, no haya una acción recíproca que se materialice en un cese a la extorsión y a la intimidación por parte de los grupos armados”.

Los alcaldes expresaronn que “estamos regresando a épocas pretéritas en materia de inseguridad”.