Tras un debate de más de 3 horas en la Comisión VI de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley para reformar parcialmente la Ley 30, en lo que respecta a la financiación de las Instituciones Educativas Públicas, pasa a su segundo debate en la Plenaria de la Cámara. 

“La deuda histórica que se ha tenido con la educación, es prioridad en este Congreso y vamos a seguir caminando para lograr un nuevo modelo de financiamiento para las Universidades Públicas del país.”, dijo el ponente y autor de la iniciativa Jaime Raúl Salamanca.

La aprobación del proyecto de ley es una reivindicación a las luchas históricas del movimiento estudiantil, profesoral y de trabajadores de las Universidades Públicas. De aquí en adelante, señala, empieza un gran debate nacional alrededor del futuro de la educación superior en el país. 

“El artículo cuarto de la iniciativa modifica la regla de la financiación de las Universidades Públicas; el nuevo artículo 86 de la ley dispone que el crecimiento de los presupuestos estará atado al Índice de Costos de la Educación Superior, muy diferente a como actualmente se hace, que solo considera la inflación” señaló Salamanca. 

Dijo que, en el mismo artículo 4 determina también que desde el Presupuesto General de la Nación se dispondrán los recursos para aumentar progresivamente el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes en la educación superior, como también recalcular la base presupuestal de las universidades. 

Otro de los artículos nuevos que están incluido en la ponencia aprobada en primer debate, es la que define el presupuesto de las ITTU, incluidas aquellas cuya norma de creación no vincula a la Nación. Este presupuesto crecerá anualmente según el Índice de Costos de la Educación Superior, ICES, y la base presupuestal inicial de las ITTU no podrá ser menor al 0,05% del PIB. 

“En el parágrafo transitorio, se ordena al Gobierno Nacional, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia a la ley, recalcular la base presupuestal de las universidades públicas, con el fin de ajustar la misma a las necesidades reales de las Instituciones”, dispone el articulado.

La iniciativa avanza con respecto a los proyectos radicados, en diferentes aspectos, ampliando su alcance. La determinación de la educación superior como un derecho de todas y todos los colombianos, no solo un servicio público, así como la garantía en de la vigilancia de los recursos por parte de la comunidad universitaria a través de veedurías estudiantiles, y la atención y financiación de los programas de atención a las violencias basadas en género.

“Con la aprobación de esta iniciativa en primer debate, la Comisión Sexta de la Cámara muestra su compromiso con la juventud colombiana, garantizando un marco normativo que garantice la sostenibilidad financiera del sistema de educación superior público, así como avanzar hacia la concepción de la educación superior como un derecho de las y los colombianos”.