La norma que sería sometida a escrutinio es el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, que hoy permite conductas crueles con animales en las corridas de toros, corralejas, peleas de gallos, novilladas, becerradas y tientas, así como en el coleo y el rejoneo.

“Estudiados los escenarios políticos y jurídicos concluimos que, de seguir el curso de acción que se viene presentando en el Congreso de la República, los animales utilizados en espectáculos crueles seguirán sometidos a la violencia. Por lo tanto, acudiremos a mecanismos constitucionales de participación ciudadana para lograr la eliminación de la crueldad contra ellos”, señaló Andrea Padilla, vocera del referendo por los animales que empezó su trámite en la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la mano de colectivos animalistas del país.

Este referendo será el primero de carácter derogatorio que se hará en Colombia. La ley establece que, para su autorización, la solicitud debe estar respaldada por, mínimo, el 10 por ciento del censo electoral nacional, es decir, unas 3.900.224 firmas válidas. Si se logra este umbral, la votación en las urnas tendría que ser de al menos la cuarta parte del censo, esto es, unos 9.750.560 sufragios, para tener validez. Además, esta no podría coincidir con ningún otro acto electoral.

La norma que sería sometida a escrutinio popular, para su derogación, es el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 que permite, por vía de excepción, conductas crueles con animales en las corridas de toros, corralejas, peleas de gallos, novilladas, becerradas y tientas, así como en el coleo y el rejoneo.

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Sobre este artículo se pronunció la Corte Constitucional en su sentencia C-666 de 2010, señalando que estas prácticas pueden continuar hasta decisión en contrario del legislativo, o siempre y cuando se eliminen las conductas especialmente crueles contra los animales. Además, estableció el deber del Estado de expedir normas que superen el déficit normativo de protección animal en estos espectáculos.

“Sin embargo, el Congreso no ha cumplido. Unos pocos congresistas pretenden cerrar la discusión bajándole un centímetro a las banderillas o cambiando el material de las espuelas letales que les ponen a los gallos, lo que no es más que una burla a un asunto con profundas implicaciones éticas. No podemos permitir que los animales sigan sufriendo por un puñado de legisladores entregados al lobby taurino y gallero o arrodillados a presiones electoreras”, afirmó la vocera.

“Por ello, tomamos la decisión de activar el poder soberano del pueblo colombiano para que, en un acto de empatía con los animales y en el marco de la más sana democracia directa y participativa, se pronuncie sobre la continuidad del artículo 7 de la Ley 84 de 1989 en el ordenamiento jurídico”, puntualizó.