El Estado Colombiano fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por el llamado exterminio de la Unión Patriótica, grupo político de izquierda en los años 80 y 90 del siglo pasado.

En una audiencia transitada desde San José de Costa Rica se estableció que "La Cidh declaró que Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes", expresó el juez Ricardo Pérez, presidente de la Corte.

Según la CIDH el Estado colombiano fue hallado responsable de violaciones a diferentes derechos, entre ellos al de la vida, integridad, libertad, garantías y honra de las víctimas por varios delitos como asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas. 

Señaló el tribunal internacional que el Estado deberá reparar a las víctimas de diferentes formas. La primera de ellas es implementar una comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas. 

La CIDH también ordenó buscar rigurosamente a las víctimas desaparecidas cuyo paradero aún se desconoce, así como brindar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que lo requieran.

Se determinó que el Estado deberá indemnizar económicamente por daños materiales e inmateriales. Además, se le ordenó la restitución de las víctimas de desplazamiento forzado y pagos por gastos por tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a la familia Díaz Mansilla. 

Igualmente la Corte le dio un plazo de no más de 2 años para que reabra las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes. El Estado, además, tendrá que decretar un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y construir un monumento en memoria de las víctimas.