Una propuesta para que sean las comunidades las que decidan el desarrollo de proyectos extrativistas en sus regiones fue presentada por el representante a la Cámara por el partido Liberal, Juan Carlos Losada.

La iniciativa contempla que con cabildos abiertos y audiencias públicas especialmente diseñadas para el contexto de los proyectos extractivos, buscan garantizar la democracia ambiental y el derecho a la participación, a la información y a la decisión de las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

El proyecto construido por 107 organizaciones de la sociedad civil integrantes del Movimiento Nacional Ambiental, con el apoyo jurídico del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra.

Esta iniciativa responde a la sentencia SU-095 de la Corte Constitucional que en 2018 advirtió que no hay garantías para el pleno ejercicio del derecho a la participación de las personas en el contexto extractivo, e instó al Congreso para que legisle en la materia desarrollando uno o más mecanismos de participación para el contexto de interés.

Defensores ambientales
Durante 2019 y 2020 Colombia fue el país del mundo más peligroso para quienes lideran la defensa del ambiente. En esos años fueron víctimas de homicidios en el país, respectivamente, 64 y 65 líderes y lideresas ambientales, lo que corresponde a cerca de la tercera parte del total de las personas asesinadas por esta causa en todo el planeta durante los dos últimos años. 

Ante este panorama, en el 2018 la Corte Constitucional reconoció que era fundamental suplir el déficit de protección a la participación y que para ser real, esta debería permitir a las comunidades incidir en la toma de decisiones.

Democracia ambiental
Por ello, el Representante en conjunto con 19 congresistas más, y el Movimiento Nacional Ambiental, construyeron el proyecto de Ley “Democracia Ambiental”, que crea mecanismos de participación específicamente diseñados para implementarse en las diferentes fases de la etapa de exploración y explotación, para así prevenir y resolver de manera pacífica los conflictos socioambientales y permitir que el desarrollo sea sostenible. 

El proyecto incluye tres mecanismos para la etapa de exploración: 1. Audiencia pública ambiental ante solicitudes o convocatorias de exploración, 2. Cabildo abierto para decidir sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto, y 3. Audiencias públicas de seguimiento a la exploración. 

Así mismo, crea dos mecanismos de participación para la etapa de explotación de los proyectos relacionados con el uso de recursos naturales no renovables: 1. Audiencias públicas de control socioambiental y 2. Cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto.

Para el Representante Juan Carlos Losada, “Esta Ley de Democracia Ambiental responde a una regulación integral del derecho a la participación en el contexto del extractivismo para reconocer los intereses y necesidades de la población civil, protegiendo sus derechos al acceso a la información, sus derechos políticos, su vida, su integridad personal, a la salud y al ambiente sano”.

“Este nuevo Congreso debe hacer esfuerzos mayores por garantizar la protección del ambiente y frenar el cambio climático, para esto es fundamental legislar por la educación ambiental y vincular a la población civil, dijo el representante Duvalier Sánchez”.