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Joseph González denuncia que siete equipos de maquinaria amarilla dejaron de aparecer en los registros de Ibagué

El concejal cuestionó las cifras de la Secretaría de Agricultura y también alertó sobre retrasos en proyectos productivos y obras rurales.
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Concejal Joseph Gonzales
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La cita será a las 7:00 a.m. en el palacio municipal.
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Suministrada
18 Nov 2026 - 7:40 COT por Julian Betancourt

Un interrogante sobre el paradero de siete equipos de maquinaria amarilla encendió las alertas durante un debate de control político a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué. El concejal Joseph González advirtió que los inventarios de la Administración municipal muestran una reducción en el número de equipos reportados, sin que hasta ahora, según afirmó, se haya entregado una explicación clara sobre lo ocurrido.

De acuerdo con las cifras expuestas por el cabildante, en noviembre de 2024 el municipio reportaba 25 unidades de maquinaria, mientras que en octubre de 2026 el registro daba cuenta de apenas 18 equipos funcionales. La diferencia de siete unidades incluye motoniveladoras y bulldozers cuyo estado y ubicación pidió esclarecer.

González señaló que el secretario de Agricultura, José Félix Salgado, no respondió durante el debate dónde se encuentran esos equipos ni qué pasó con ellos. Por esa razón, solicitó que su inquietud quedara consignada en el acta y pidió un informe detallado sobre el estado, la ubicación y las condiciones de cada máquina.

Proyectos productivos con avances en cero

Las preguntas del concejal también se concentraron en la ejecución de los programas dirigidos a los productores rurales. Aunque la Secretaría reporta haber atendido a más de 450 cafeteros y caracterizado a 400 productores para acceder a ayudas, González llamó la atención sobre los indicadores del Plan de Desarrollo.

Según expuso, la matriz oficial de seguimiento registra cero avances en la cofinanciación de proyectos productivos y en la entrega de los 260 activos productivos previstos para 2026.

El cabildante cuestionó que las cifras de caracterización y selección de beneficiarios se presenten como resultados si no existe evidencia de que los apoyos hayan llegado efectivamente a las comunidades. «Ser seleccionado no significa haber recibido el activo», manifestó, al pedir información sobre los proyectos ejecutados, las veredas beneficiadas y las asociaciones que han recibido los recursos o equipos.

El puente de Pico de Oro sigue sin solución definitiva

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la situación del puente de la vereda Pico de Oro, cuyo colapso se registra desde mayo de 2024.

González señaló que, pese al tiempo transcurrido y a la destinación de más de 192 millones de pesos en contratos de consultoría, la Administración municipal todavía no tiene asegurados los 4.300 millones de pesos que costaría la construcción de la solución definitiva.

La situación representa un riesgo para los habitantes, quienes deben utilizar un paso artesanal de madera para movilizarse. Según lo expuesto en el debate, una inspección realizada por la propia Secretaría en junio de 2026 identificó deficiencias en la estabilidad, los anclajes y las protecciones laterales de esa estructura.

Cuestionamientos a los reportes sobre acciones populares

El concejal también puso en duda la forma en que la dependencia presenta los avances frente a las acciones populares promovidas por comunidades campesinas. Según su revisión, algunos procesos aparecen reportados como fallos ejecutoriados, pese a que todavía estarían en apelación o no contarían con una decisión judicial definitiva.

Además, cuestionó que reuniones, mesas de trabajo y acuerdos entre dependencias sean presentados como resultados concretos en sectores como La Flor–San Cayetano, Pando–La Joya y el puente La María–El Limón.

El debate dejó varios requerimientos de información a la Secretaría de Agricultura, especialmente sobre el inventario de maquinaria, la entrega efectiva de activos productivos y el estado de las obras y compromisos con las comunidades rurales.

Para González, el propósito del control político es establecer qué acciones se han ejecutado realmente, cuáles han beneficiado a los campesinos y qué obligaciones continúan pendientes.