El Senado aprobó en segundo debate un proyecto de ley que exime a las víctimas de delitos sexuales e incesto —cometidos por sus padres biológicos, adoptivos o de crianza— de la obligación legal de sostenerlos económicamente y de asistirlos en la vejez.

La iniciativa, del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández de la Alianza Verde, adiciona tres parágrafos al artículo 414 y modifica el artículo 251 del Código Civil. 

Establece una causal especial y autónoma de exoneración total y definitiva de alimentos y reconoce que esos delitos constituyen injuria atroz, figura que rompe el principio de solidaridad familiar.

El texto también libera a los hijos víctimas de los deberes de cuidado, auxilio y asistencia personal hacia el agresor. Ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde deberá surtir dos debates más.

El problema de fondo

Hoy, el Código Civil obliga a los hijos a alimentar a sus padres en la vejez, con independencia de cómo los hayan criado. En la práctica, un hombre condenado por abusar de su hija puede demandar por alimentos décadas después y ganar: la norma no distingue entre un padre presente y uno que además fue su victimario.

El proyecto busca cortar ese vínculo de subordinación. "Impedir que las obligaciones alimentarias prolonguen el vínculo de subordinación entre las víctimas y sus agresores", resume la ponencia.

Sin repetir el relato

El articulado incorpora garantías para evitar la violencia institucional. Cuando exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada, los jueces de familia y los comisarios de familia no podrán reabrir el debate sobre la existencia del delito: solo verificarán el fallo y el vínculo filial.

Además, prohíbe someter a la víctima a confrontaciones con el condenado o a repetir su relato, y ordena garantizar la reserva de su identidad y su comparecencia virtual o en espacios separados.

Hay también una protección preventiva: si hay proceso penal en curso con imputación o escrito de acusación de la Fiscalía, el juez o la autoridad administrativa deberá suspender de manera provisional el cobro de la cuota alimentaria, o abstenerse de fijarla, hasta que haya fallo en firme.

Si el progenitor condenado queda en pobreza extrema, vejez, discapacidad o abandono, la autoridad notificará a la entidad territorial para que evalúe su acceso a programas de asistencia social, sin cargar a la víctima.

La ponencia cita datos del Sivigila y del ICBF: entre 2015 y julio de 2026 se registraron 176.413 ingresos a Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos por violencia sexual contra menores de edad. El entorno familiar es uno de los escenarios donde más ocurren.