El debate sobre la minería ilegal y el deterioro del orden público en el sur del Tolima abrió un nuevo capítulo de confrontación política en el Congreso. El representante a la Cámara Carlos Edward Osorio intervino para cuestionar la gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro y defender las actuaciones de la actual administración departamental.

Durante su intervención, Osorio reconoció la iniciativa del senador Miguel Ángel Barreto de llevar esta problemática al debate nacional. Sin embargo, insistió en que la crisis de seguridad no es reciente y que sus consecuencias vienen afectando especialmente al sur del departamento, donde se han perdido vidas humanas.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la política de Paz Total del Gobierno anterior. Según Osorio, esta estrategia no logró resultados efectivos en el territorio y, por el contrario, habría generado dificultades operacionales para la Fuerza Pública. Aseguró que durante ese periodo los soldados y policías enfrentaron restricciones para desarrollar sus labores.

El congresista también se refirió a la minería ilegal y reconoció el aumento de operativos y destrucción de maquinaria amarilla. No obstante, sostuvo que esas acciones no serían suficientes frente al crecimiento de las actividades ilícitas. En su intervención, cuestionó que el incremento de la maquinaria destruida no habría sido proporcional al ingreso de nuevos equipos utilizados para afectar los ecosistemas.

Otro de los momentos destacados fue su respaldo a la gobernadora Adriana Magali Matiz. Osorio pidió superar las diferencias partidistas y acompañar a la mandataria en las acciones contra la minería ilegal y las estructuras que estarían detrás de estas actividades. También mencionó la posible relación entre algunos actores de estas economías ilegales y los incendios forestales registrados en el departamento, una hipótesis que atribuyó a señalamientos conocidos durante la discusión.

Finalmente, el representante hizo un llamado a recuperar las capacidades operacionales de la Fuerza Pública y a trabajar conjuntamente entre congresistas, autoridades departamentales y organismos de seguridad. Su intervención dejó en evidencia las diferencias entre sectores políticos frente a las responsabilidades del Gobierno nacional y departamental en la crisis de orden público que enfrenta el Tolima.