La Comisión Primera de la Cámara de Representantes acogió la audiencia pública sobre la iniciativa que propone prohibir la maternidad subrogada en el país, de cara a su primer debate. Una pregunta marcó la jornada: ¿puede la gestación de un ser humano convertirse en objeto de un contrato?

Convocada por los representantes Carol Borda y Luis Miguel López Aristizábal, la audiencia reunió a especialistas, organizaciones y voceros ciudadanos, que abordaron las dimensiones jurídicas, médicas, sociales y éticas de esta práctica.

Qué propone el proyecto
Radicada el 13 de agosto de 2026 por congresistas de distintos partidos, la propuesta parte de una premisa: ninguna modalidad de gestación subrogada es compatible con la dignidad de la mujer ni con el interés superior del niño. Por eso plantea una prohibición total, sin distinguir entre acuerdos comerciales y los llamados altruistas.|

El texto apunta a quienes sostienen el negocio, no a las mujeres gestantes. Propone sancionar a quienes promuevan, financien, intermedien u organicen estos acuerdos; dejar sin efectos jurídicos los contratos de subrogación; perseguir la actividad comercial de agencias e intermediarios, y adoptar medidas frente a los pactos celebrados en el exterior para evadir la legislación colombiana. También contempla mecanismos de protección para las gestantes.

Un vacío que la Corte pidió llenar
La iniciativa responde a los llamados reiterados de la Corte Constitucional para que el Legislativo se pronuncie sobre esta práctica, que hoy carece de una ley que la regule. Sus promotores advierten que la necesidad económica puede condicionar la decisión de muchas mujeres, que agencias y clínicas se lucran con el proceso y que Colombia corre el riesgo de convertirse en destino de turismo reproductivo. Su consigna lo resume: “Ni la mujer se alquila, ni un niño se vende”.

Una discusión de fondo
Durante la audiencia, las intervenciones pusieron sobre la mesa la dignidad humana, los derechos de las mujeres gestantes, la protección de la infancia y los retos que enfrenta el Estado ante el avance de las técnicas de reproducción humana asistida.

Con este ejercicio de participación, Borda y López buscaron enriquecer el análisis legislativo con argumentos técnicos, jurídicos y sociales. Los aportes recogidos servirán como insumo para la discusión de la iniciativa en la Comisión Primera.