La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió cerrar el incidente de desacato en contra del ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, por supuestamente no haber entregado una información solicitada desde abril de este año. 

El tribunal encontró que el funcionario sí había cumplido con la petición, pero hubo una confusión con los canales para hacer llegar los documentos.

“Se ha verificado a partir de la respuesta dada por el señor ministro al desacato, que sí se remitieron los correos por él indicados a correos de los magistrados, pero nunca llegaron al expediente, razón por la cual la Secretaría Judicial certificó la falta de respuesta, a partir de lo cual se abrió el desacato”, explicó la JEP.

Ruiz envió los documentos al correo del magistrado Gustavo Salazar, presidente de la Sección de Audiencia de Reconocimiento, que había solicitado la información, y no envió copia al correo oficial de la JEP. Por lo anterior, se pensó que no había cumplido la orden.

La información solicitada al Minjusticia tiene que ver con los avances en el desmantelamiento en las organizaciones criminales posterior al Acuerdo Final y protección a los firmantes de los acuerdos. Concretamente, el ministro debía responder doce preguntas del alto tribunal en el auto 082 de 2022, en medio de un proceso de medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales del grupo de comparecientes obligatorios ante la JEP: miembros de la fuerza pública y de la antigua guerrilla.

Esto ocurrió porque, ante el asesinato de cientos de firmantes del acuerdo, un grupo de ellos le pidió a la Sección con Ausencia de Reconocimiento que les fueran concedidas medidas cautelares, solicitud atendida en 2020. Desde ese entonces, la JEP ha impartido una serie de órdenes a distintas entidades, entra las que está el Ministerio de Justicia.

Así las cosas, de acuerdo con los magistrados, desde el pasado 21 de abril se había solicitado al ministro entregar respuestas sobre las medidas de fortalecimiento requeridas en la investigación contra grupos criminales organizados, así como la creación de juzgados con el fin descongestionar los procesos para que se avance rápidamente y la asignación de recursos.

“La persistencia de las violaciones a los derechos de los excombatientes en proceso de reincorporación exige el seguimiento permanente a las órdenes proferidas a las entidades estatales con obligaciones vinculantes en materia de garantías de seguridad, como se estableció en el Acuerdo Final de Paz y se desarrolló normativamente, y la verificación de que se han cumplido de manera efectiva”, explicó la JEP.

Ahora, con el incidente archivado y teniendo las respuestas de Ruiz, la JEP procederá a revisar cómo se está garantizando la vida de los excombatientes y así emitir nuevas órdenes que blinden sus vidas.

Para finalizar, cabe anotar que en medio de esta confusión, el ministro Ruiz denunció una supuesta filtración de la información y solicitó que se investigara la situación. Sin embargo, aseguró que no abrirá un caso relacionado argumentando que la información requerida no es reservada.

“Frente a la solicitud de abrir investigaciones por una presunta filtración de la decisión que dio apertura al incidente de desacato no se accederá a la misma, en tanto la decisión no reviste el carácter de reservado y como se consignó en el apartado 8 de esta decisión, fue comunicada a sujetos procesales, intervinientes y Ministerio Público, sin restricción alguna sobre su publicidad”, finalizó el documento.