Los presidentes del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Racero fueron denunciados penalmente por presuntamente haber “extralimitado sus funciones”. 

Hoy se conoció que en su contra fueron interpuestas acciones legales en las que se argumenta que los congresistas no tienen la potestad para modificar la lista final de diez elegibles para la Contraloría.

La denuncia fue interpuesta de forma preventiva, porque la lista de elegibles aún no ha sido modificada.

La semana pasada Racero y Barreras anunciaron que conformarán una comisión accidental que determinará si la lista de elegibles para la Contraloría General se debe elaborar nuevamente. Ambos sostienen que revisarán detenidamente el perfil de los candidatos para el cargo con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

Desde hace casi un mes existía una lista de elegibles para Contralor General de la República, pero el Tribunal de Cundinamarca la tumbó. Esta decisión fue tomada porque el listado no contaba con los parámetros requeridos en términos de paridad como lo exige la Ley de Cuotas, aplicable a los procesos de selección para cargos por méritos.

En la lista anterior estaban los nombres de Andrés Castro, Carlos Rodríguez, Víctor Salcedo, Luis Carlos Pineda, Carlos Pérez, María F. Rangel, Elsa González, Diana Torres y Mónica Certain.

Este listado ha sido criticado pues se habla de que ha habido tráfico de influencias para incluir a ciertas personas.

Los nuevos integrantes de la comisión accidental tendrían la tarea de revisar cómo se hizo todo el proceso anterior y así determinar si deben sacar a ciertas personas y/o si hay necesidad de incluir otra persona para completar el número de elegibles. Acerca de este último punto, Racero señaló que el nuevo Congreso considera importante que el listado lo integren 10 personas.

“Nosotros consideramos que la ley es muy clara al decir que debe haber 10 personas que cumplan con los requisitos de género de meritocracia, entre otras, y el Congreso responsablemente tiene que responder ante lo que está planteando la ley. No queremos que nos vuelvan a entutelar como ocurrió la vez pasada. El error de haber metido de manera irregular, pasando por alto sus criterios, fue que hubiese una tutela que en menos de 48 horas se le exigió al Congreso saliente que tenía que incluir a otra persona”, dijo Racero.

A pesar de las apreciaciones, con esta denuncia penal interpuesta contra Racero y Barreras, el proceso de reestructuración de la lista podría frenarse. Se está a la espera de que se pronuncien las autoridades judiciales para que avalen o no el cambio en la lista de elegibles.

Cabe anotar que este proceso ya está contra el tiempo. El plazo máximo en que Colombia deberá conocer la lista de quienes podrán asumir el cargo es el próximo 18 de agosto. Una semana antes se llevará a cabo una audiencia pública para escuchar a todos los aspirantes.