La senadora Laura Ahumada y el representante a la Cámara Marco Hincapié, integrantes de la bancada del Pacto Histórico, denunciaron que entre 2018 y 2022 se invirtieron $5.095 millones de recursos públicos en la ampliación del relleno sanitario regional Pacandé, ubicado en Natagaima, Tolima, el cual es operado por una empresa privada. 

Se trata del consorcio Soluciones Ambientales para Natagaima, integrado por Eco San Gil S.A.S. E.S.P. y la Empresa Soluciones Ambientales para Colombia EMPSACOL S.A. E.S.P., ambas provenientes del departamento de Santander. 

Según los congresistas, la infraestructura del relleno fue financiada con recursos públicos, pero el predio donde funciona fue entregado en permuta a un particular en 2011, cuatro meses después de obtener la licencia ambiental. 

Actualmente, no existe ningún derecho inscrito a favor del municipio ni de ESPUNAT. No obstante, la empresa pública conserva la titularidad de la licencia ambiental, pero el operador privado administra el negocio y cobra directamente a los municipios que llevan sus residuos. 

“Aquí tenemos que hacernos una pregunta muy sencilla: si el Estado puso la plata para ampliar la infraestructura y una empresa pública de Natagaima es titular de la licencia ambiental, ¿por qué el negocio termina principalmente en manos de un privado?”, cuestionó la senadora Laura Ahumada. 

En tal sentido, según pudieron corroborar los congresistas, ESPUNAT debe pagarle al operador privado por disponer los residuos del propio municipio de Natagaima en el relleno sanitario. En 2024, el consorcio le facturó $150 millones y, al cierre de ese año, ESPUNAT le debía $225 millones. 

“Es una situación que merece una explicación pública: el Estado financia las obras, el predio ya no es público y la empresa pública tiene la licencia, pero un privado explota económicamente la infraestructura. Y, para completar, la propia empresa de Natagaima tiene que pagarle al operador para llevar la basura de Natagaima a su propio relleno”, afirmó el representante Hincapié. 

Daño ambiental 

Otro aspecto de gravedad tiene que ver con el daño ambiental ocasionado por el relleno, el cual está ubicado sobre el acuífero del sur del Tolima, del que dependen más de 5.000 usuarios. Además, hay presencia de lixiviados que descargan en la quebrada Nanurco, y la planta para tratarlos, que exigía la licencia, no se ha construido. Sumado a ellos, el predio tiene una servidumbre de oleoducto a favor de Ecopetrol que la licencia nunca menciona. 

Otra irregularidad tiene que ver con la licencia ambiental otorgada por Cortolima, pues esta solo autoriza la disposición de los residuos de seis municipios, pero en el relleno hay vertimientos de diez municipios: Natagaima, Coyaima, Ataco, Planadas, Saldaña, Prado, Guamo, Coello, Chaparral y Purificación. 

Asimismo, según advirtió el propio Cortolima, la única celda del Relleno Sanitario Regional Pacandé que sigue en uso “podría ser completada para finales del presente año” y no existe un plan conocido para reemplazarlo. 

“El sur del Tolima tiene los días contados para resolver dónde va a poner su basura. Si el Gobierno departamental, Cortolima y los alcaldes no actúan ya, en pocos meses vamos a tener una emergencia sanitaria en diez municipios”, advirtió la senadora Ahumada. 

Acciones de vigilancia y control 

Ante esta situación, los congresistas anunciaron que solicitarán a las autoridades competentes revisar integralmente el modelo contractual, financiero, ambiental y predial mediante el cual se entregó la operación del relleno sanitario. 

Por ese motivo, los congresistas pondrán bajo la lupa el Contrato de Operación No. 028 de 2023, cuya duración sería de 30 años prorrogables, pese a que la licencia ambiental fue calculada para nueve años. También pedirán aclaraciones sobre el alcance de la licencia, pues esta autoriza la recepción de residuos de seis municipios, pero actualmente llegan diez. 

“No permitiremos que los negocios de particulares sigan envenenando a nuestra gente y, mucho menos, que el dinero público se destine para enriquecer a empresarios que ni siquiera son del Tolima. Nuestro pueblo merece respeto, y llegaremos hasta las últimas consecuencias en la defensa de los intereses del sur del Tolima”, concluyó Hincapié.