La historia no contada de la Concejal de Cajamarca embargada por proceso fiscal
Un antecedente fiscal que hasta ahora cobra relevancia rodea a la concejal de Cajamarca Luz Amanda Sánchez Torres.
En junio de 2025, la Contraloría Departamental del Tolima inició un proceso de cobro coactivo en su contra por una obligación superior a $9,2 millones, luego de un fallo con responsabilidad fiscal.
El proceso se originó en el Fallo con Responsabilidad Fiscal del 27 de diciembre de 2024, posteriormente adicionado y confirmado en febrero de 2025.
La responsabilidad inicialmente fue fijada en $12.648.916, pero después de un pago de $3.437.516 realizado por la Aseguradora Solidaria de Colombia, la obligación pendiente quedó en $9.245.130, más los intereses moratorios.
Y el proceso no se quedó en una deuda sobre el papel.
El 6 de junio de 2025, la Contraloría Auxiliar libró mandamiento de pago contra Sánchez Torres y ordenó medidas cautelares sobre sus bienes para garantizar el pago de la obligación.
Entre las medidas estuvo el embargo preventivo de sus saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y demás bienes legalmente embargables.
Pero hubo más. La Contraloría también ordenó el embargo preventivo de un inmueble de propiedad de la concejal, ubicado en Cajamarca.
Ahora, este antecedente vuelve al centro de la discusión política y jurídica en Cajamarca.
En septiembre de 2026, la ciudadana Sirley Karina Gómez Hurtado presentó una acción de tutela contra el Concejo Municipal de Cajamarca y la concejal Luz Amanda Sánchez Torres.
La controversia está relacionada con el primer debate surtido en la Comisión de Presupuesto sobre un proyecto de acuerdo relacionado con la Ley 550. La accionante cuestiona la participación de Sánchez Torres al señalar una presunta inhabilidad, que habría tenido incidencia en el quórum de la corporación.
