Ibagué y el Tolima atraviesan un momento en el que la pregunta ya no es únicamente quién gobierna, sino quién vigila al que gobierna. Esa es, en esencia, la preocupación planteada por Camilo Ernesto Ossa, expersonero de Ibagué, al analizar el papel que hoy cumplen concejales, diputados y organismos de control frente a las administraciones territorial y municipal.

Para Ossa Bocanegra, el panorama del control político es preocupante. En el caso de Ibagué, sostiene que la oposición ha sido prácticamente inexistente como bloque y que el gobierno municipal ha podido avanzar, en términos generales, sin una resistencia política significativa.

“Lo que nosotros vemos es que el papel realmente de oposición ha sido prácticamente nulo”, advierte el expersonero, quien reconoce algunos ejercicios puntuales de control, especialmente por parte del concejal Zambrano, pero considera que ha estado prácticamente solo en el cabildo municipal.

La crítica también alcanza al concejal Jorge Bolívar. Ossa recuerda que, al haber llegado al Concejo a través de la figura contemplada en el Estatuto de la Oposición, tiene —según su interpretación— un deber político y legal de ejercer un verdadero control frente a las políticas de la Alcaldía.

La situación en el departamento, asegura, no es muy diferente. Según su lectura, la gobernadora del Tolima ha podido desarrollar buena parte de su administración sin enfrentar una oposición fuerte que represente un verdadero contrapeso político.

En ese escenario, Ossa cuestiona la idea de una “oposición reflexiva” cuando esta termina, en la práctica, sin ejercer una posición clara frente a los gobiernos. Para él, quien llega a una corporación representando una alternativa política debe defender las posiciones por las cuales fue elegido.

¿Y el control fiscal?

Sobre la vigilancia de los recursos públicos, Ossa adopta una posición más prudente. Considera que la actual contralora lleva poco tiempo en el cargo y que es necesario darle un margen para que concluya las auditorías, visitas e investigaciones que permitan establecer si existieron o no posibles detrimentos patrimoniales en las actuaciones de la Administración Municipal.

Sin embargo, deja planteada una expectativa clara: el resultado del control fiscal deberá medirse en la capacidad de las auditorías para determinar qué ocurrió con la ejecución de los recursos públicos y qué decisiones se adoptan posteriormente.

Es decir, en este terreno, el expersonero no lanza una condena anticipada, pero sí deja abierta una exigencia ciudadana: que las investigaciones produzcan resultados verificables.

El control disciplinario también entra al debate

Donde Ossa sí hace una lectura más crítica es frente al papel de la Personería de Ibagué.

El expersonero recuerda que la labor del jefe del Ministerio Público local no se limita a abrir o adelantar procesos disciplinarios. Su función, explica, también está relacionada con la promoción y garantía de los derechos fundamentales y colectivos de los ciudadanos.

Pero precisamente allí está uno de los puntos centrales de su cuestionamiento: ¿qué tanto se han utilizado las herramientas disciplinarias para garantizar esos derechos y para vigilar las actuaciones de la administración?
Ossa señala que al inicio del actual periodo se observaron actuaciones fuertes contra algunos funcionarios, pero considera que esa intensidad fue disminuyendo con el paso de los meses.

“Esa intensidad se fue restando con el paso del tiempo”, sostiene, al plantear que la ciudadanía y los medios de comunicación también terminan evaluando la gestión de una Personería por la efectividad con la que utiliza las herramientas que la ley le entrega.

Uno de los asuntos que, a su juicio, permite medir esa gestión es la vigilancia sobre la contratación pública del municipio de Ibagué y los resultados concretos que puedan surgir de las actuaciones disciplinarias.

Una ciudad con pocos contrapesos

El diagnóstico de Camilo Ernesto Ossa pone sobre la mesa un debate político de mayor alcance: una democracia territorial no se mide solamente por la capacidad de un gobierno para ejecutar sus programas, sino también por la fortaleza de quienes tienen la obligación de vigilarlo, cuestionarlo y exigirle resultados.

Para el expersonero, hoy las voces críticas parecen ser minoritarias tanto en el Concejo de Ibagué como en otros escenarios de representación política del Tolima.

La pregunta, entonces, queda abierta: si el control político es débil, el fiscal apenas está a la espera de los resultados de sus auditorías y el disciplinario ha perdido —según Ossa— la intensidad que mostró al comienzo, ¿quién está ejerciendo hoy un verdadero contrapeso al poder en Ibagué y el Tolima?

Ese es el debate que comienza a tomar fuerza: no se trata únicamente de revisar cómo gobiernan las administraciones, sino de establecer si las instituciones y corporaciones llamadas a vigilarlas están cumpliendo, con suficiente independencia y contundencia, la función para la que fueron creadas.