Representante Magali Matiz cita a control político al Ministro de Justicia y a la Superintendente de Notariado y Registro
Ante el paro que se registra desde hace 15 días por parte de los trabajadores de las oficinas de instrumentos públicos del país, la representante a la Cámara Adriana Magali Matiz citó el próximo jueves 18 de noviembre a debate de control político al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y a la superintendente de Notariado y Registro, Goethny Fernanda García.
Asimismo, fueron invitados la presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Sandra Forero, y los directivos de los sindicatos y asociaciones de empleados públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro.
El objetivo de esta convocatoria es conocer qué han hecho desde el Ministerio de Justicia y la Superintendencia para superar el paro, así como el represamiento en los trámites y la afectación a la economía, especialmente en el gremio de la construcción.
En el Tolima, según el reporte de Camacol, las pérdidas de ese ascienden a cerca de 44 mil millones ante la imposibilidad de realizar la escrituración y el registro de los inmuebles.
“Quiero manifestar mi preocupación por las consecuencias que está ocasionando la llamada gran movilización nacional, en defensa del servicio público registral y los derechos de los trabajadores. Movilización organizada por los funcionarios de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país y que tiene en cese de actividades a estas dependencias desde el pasado 28 de octubre”, manifestó la congresista.
El sector de la construcción, es uno de los que ha tenido un protagonismo importante en la reactivación económica. Según cifras de Camacol, las viviendas usadas y la compraventa de las mismas, han representado 1.95 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, sumado a las viviendas nuevas que han representado 5 por ciento en el PIB nacional.
Hoy los problemas que se están presentado con el cese de actividades ha generado graves perjuicios, por cuanto cada día que pasa se están causando pérdidas económicas por más de $164 mil millones de pesos según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción.