El proyecto de Ley que tiene por objeto establecer los lineamientos estratégicos para una política pública de garantía y ampliación de la cobertura de los bienes y servicios públicos rurales para que los ciudadanos colombianos que residen en territorios rurales vivan en condiciones dignas y así aumentar la productividad y competitividad, para que Colombia se convierta en Despensa Agrícola Mundial. Avanzó durante en su segundo debate tras votación por unanimidad en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes.

La iniciativa ordena al gobierno nacional, en cabeza del Consejo Nacional de Política Económica y Social y el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con los ministerios, entidades territoriales y de manera participativa con la población campesina, diseñar, expedir y ejecutar una Política Pública de Bienes y Servicios Públicos Rurales, de tal manera que se mejoren los porcentajes de cubrimiento de los servicios públicos en estas zonas del país.

De acuerdo a lo expresado por uno de los ponentes de la iniciativa, el representante Jerson Montaño Arizala, de las curules de paz, hoy en día la cobertura de internet en la zona rural es del 23 %, frente a un 98 o 99 % de las zonas urbanas; frente al tema de agua potable, el 58 % de la zona rural no cuentan con este servicio; igualmente en cuanto a gas natural, el acceso es casi nulo en el campo.

“Para nosotros esto en una preocupación, por eso con este proyecto instamos al gobierno a diseñar la política pública, y que, en 10 años, máximo, ya se pueda tener unos porcentajes de cobertura de servicios públicos superiores al 90% en las zonas rurales de Colombia para que se desarrolle el campo y el país como nación”, indicó Montaño Arizala.

Adicionalmente la iniciativa señala que el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura, y en coordinación interministerial e institucional a nivel nacional y territorial creará estímulos para incentivar el poblamiento de la zona rural, para lo cual formulará y ejecutará programas y proyectos que atraigan y retengan población en dicha zona. 

Dentro de las medidas propuestas, se incluye la realización de proyectos agrícolas y de compra de tierras con beneficios crediticios.

El proyecto que ahora pasa al Senado, donde deberá superar dos debates más, le da 12 meses al gobierno nacional para crear esta política pública, después de la promulgación de la ley.