Las recientes decisiones del Consejo de Estado de anular la elección de alcaldes en Tolima han generado un intenso debate sobre su papel en el sistema democrático.

Para algunos, el alto tribunal se ha convertido en un ‘deselector’, al interpretar la ley de manera que afecta la voluntad popular expresada en las urnas, permitiendo que los mandatarios electos sean removidos a través de demandas de nulidad electoral.

Sin embargo, otros, como el abogado Luis Felipe Aranzalez, sostienen que el Consejo de Estado ha actuado conforme a la normativa sobre doble militancia siguiendo una misma línea a largo de los últimos años y estableciendo un precedente claro en materia electoral.

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Aranzalez también señaló que estas decisiones podrían estar cuestionando la forma en que el Tribunal Administrativo del Tolima ha resuelto casos en primera instancia, como ocurrió con el alcalde de Melgar, Rodrigo Hernández, quien inicialmente fue ratificado en su cargo por el Tribunal, pero posteriormente fue removido por el Consejo de Estado.

"Es un llamado de atención indirecto al Tribunal Administrativo del Tolima, que finalmente lo que pide es seguir la jurisprudencia del Consejo de Estado", explicó el abogado.

Según Aranzalez, el problema radica en la legislación electoral y la interpretación de la doble militancia, donde los partidos políticos y las decisiones judiciales pueden variar dependiendo de si una reunión es pública o privada, como ocurrió en el caso de la gobernadora Adriana Magali Matiz.

"Ya no hay partido, ya no hay ideales que defender. Esto se volvió en un asunto de conveniencia dependiendo de agremiaciones", criticó Aranzalez sobre la flexibilidad con la que se manejan los avales políticos.

Finalmente, el abogado se refirió a los casos de los alcaldes de Coyaima y Prado, asegurando que están en una etapa de ‘pataleo’, en la que intentan prolongar su permanencia en el cargo mediante la presentación de tutelas.