Un nuevo escándalo sacude al municipio de Rovira, Tolima. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el exalcalde Diego Andrés Guerra Quintero por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato para la construcción de la Plaza de Mercado ‘San Isidro Labrador’, una obra que, tras casi dos años de haber sido adjudicada, apenas habría alcanzado el 40% de avance.

La investigación también involucra al exsecretario de Planeación y Obras Públicas, Iván Camilo Ortiz Espinosa, quien fue el supervisor del contrato, el cual tuvo que ser suspendido, reiniciado, modificado y prorrogado en múltiples ocasiones. Según el ente de control, la falta de estudios y diseños completos antes de la firma del acuerdo contractual habría generado estas demoras, afectando el desarrollo del proyecto y obligando incluso a la demolición de parte de lo construido.

Una obra marcada por retrasos y decisiones cuestionables

El contrato, valorado en $3.918’914.255, ha estado en el ojo del huracán debido a las múltiples dificultades que han impedido su correcta ejecución. La Procuraduría advirtió que la indebida planeación en la etapa precontractual habría sido una de las principales causas del retraso, situación que derivó en al menos seis suspensiones de la obra.

Además de estos hallazgos, la Procuraduría formuló un segundo cargo contra el exmandatario por la presunta omisión de medidas legales ante el incumplimiento del contrato. Se le cuestiona por no haber declarado el incumplimiento, no cuantificar los perjuicios, ni imponer multas y sanciones pactadas, lo que pudo haber generado pérdidas económicas para el municipio.

Faltas calificadas como gravísimas

La Procuraduría calificó provisionalmente las faltas del exalcalde como gravísima y grave a título de culpa grave, mientras que la del exsecretario de Planeación y Obras Públicas fue catalogada como gravísima bajo la misma categoría.

En el marco del proceso, la Entidad recordó a los implicados que tienen derecho a rendir su versión libre sobre los hechos, así como la posibilidad de acogerse a beneficios por confesión o aceptación de cargos.

El caso genera indignación en la comunidad, que sigue esperando la terminación de una plaza de mercado que prometía dinamizar la economía local, pero que hoy se ha convertido en un ejemplo de presunta mala gestión y planeación deficiente.