En medio de los debates sobre la Reforma a la Salud, el Congreso de la República sigue siendo el escenario principal donde se define el futuro del sistema de salud en Colombia. A finales de 2024, la reforma quedó en plenaria de la Cámara de Representantes, y actualmente, los congresistas se encuentran realizando un análisis minucioso para tomar decisiones que impactarán a millones de colombianos. Sin embargo, es importante aclarar que dicha reforma aún no ha sido aprobada.

"El sistema actual sigue funcionando bajo la Ley 100 y la Ley Estatutaria 1751, que reglamenta la salud como un derecho fundamental. Las especulaciones sobre la implementación de la reforma son completamente infundadas. Este es un debate democrático que se desarrolla en el Congreso, y cualquier modificación al sistema será producto de ese ejercicio legislativo", expresó Gerardo Yepes, representante a la Cámara, quien enfatizó en la importancia de informarse adecuadamente.

Para el congresista, uno de los puntos más álgidos en el debate es el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un recurso fundamental que el Gobierno Nacional asigna a las EPS para garantizar la prestación de servicios de salud. Este cálculo, que se realiza cada dos años, ha generado controversia debido a problemas en la calidad de la información presentada por algunas EPS. "Se han detectado irregularidades, como cobros por personas fallecidas, lo que refleja una gestión deficiente por parte de ciertas entidades. Esto no solo afecta las finanzas del sistema, sino también la calidad de la atención que reciben los ciudadanos", añadió.

Asimismo, el exalcalde de Santa Isabel destacó que el sistema de salud lleva años enfrentando problemas estructurales, que no son exclusivos del actual gobierno. "Antes de esta administración, ya hablábamos de los famosos paseos de la muerte, del colapso de EPS importantes y de deudas multimillonarias con hospitales como el Federico Lleras Acosta. Estos problemas son resultado de años de un sistema que necesita reformas profundas para garantizar la justicia social y el acceso equitativo a la salud", puntualizó Yepes Caro.

En cuanto a su posición frente a las reformas sociales en curso, aclaró que su respaldo se basa exclusivamente en el impacto que estas generen en el bienestar de los ciudadanos. "No apoyé la reforma laboral porque no ofrecía un impacto significativo en los trabajadores ni en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, respaldo cualquier iniciativa que realmente beneficie a la clase vulnerable de este país, como las madres cabeza de familia, los adultos mayores y los habitantes de las zonas rurales".

El tema pensional también ocupó un lugar importante en su análisis. Con solo 2,2 millones de pensionados en un país de 51 millones de habitantes, el sistema actual no garantiza equidad. "Los fondos privados han dejado a muchos ciudadanos con pensiones precarias, lo que ha obligado a miles a regresar a Colpensiones a través de vías jurídicas. Es necesario revisar y ajustar el sistema para garantizar pensiones dignas y sostenibles".

Frente a las críticas que lo catalogan como "progresista" en Bogotá y "barretista" en el Tolima, fue enfático: "Estoy aquí para defender los intereses del pueblo, no los de un gobierno. Es cierto que el ‘barretismo’ ha liderado grandes inversiones sociales y físicas en el Tolima, pero mi compromiso siempre será con las personas más necesitadas".

Con la reforma a la salud prevista para retomarse en marzo de 2025, el llamado es a un análisis objetivo y desprovisto de fanatismos. "Este es un momento crucial para el país. Se necesita un sistema de salud que priorice la vida y la dignidad de los colombianos, especialmente de los más vulnerables", concluyó.