En un encendido discurso, se han planteado fuertes críticas a las recientes decisiones fiscales y administrativas adoptadas en Colombia, entre ellas la creación de 9,5 billones de pesos adicionales en burocracia y la implementación de una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que, según algunos sectores, podrían desbordar las finanzas públicas del país.

Uno de los puntos más polémicos es la creación de 12 mil nuevos cargos, de los cuales 10 mil corresponden a la DIAN, con el argumento de aumentar la capacidad de recaudo. Sin embargo, los detractores cuestionan la efectividad de esta medida, calificándola como un aumento innecesario en el tamaño del Estado que podría convertirse en una carga insostenible para las finanzas públicas.

“Después de ver esto, la locura fiscal es contagiosa. ¿Cómo justificamos un gasto tan alto en burocracia sin garantías claras de resultados?”, afirmó Paloma Valencia, senadora, subrayando la necesidad de replantear el manejo del gasto público.

Otro aspecto criticado es la reforma al Sistema General de Participaciones, que establece que el 39% de todas las rentas nacionales serán destinadas a departamentos y municipios. Si bien la descentralización puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo regional, los críticos señalan que esta medida carece de una planificación adecuada.

“¿Qué van a hacer los departamentos y municipios con más dinero? No hay claridad sobre cómo se usarán estos recursos. Solo se aprobó el porcentaje, y luego veremos en qué se gasta”, denunció la congresista, agregando que esta decisión podría alimentar mafias políticas en lugar de beneficiar a las comunidades.

Como ejemplo, mencionó la situación del departamento del Cauca, que ha recibido más de 2 billones de pesos en regalías, pero cuya ejecución de recursos ha dejado mucho que desear. “En lugar de proyectos transformadores, hemos visto esos recursos convertirse en polideportivos mal hechos y en caja menor para campañas políticas corruptas”, agregó.

Las implicaciones de estas decisiones podrían ser graves para el futuro económico del país. Según los cálculos, para 2035 la deuda de Colombia podría alcanzar el 61% del PIB, comprometiendo seriamente la estabilidad fiscal.

“En 10 años, cuando la deuda sea insostenible y no tengamos ingresos para sostenerla, recordaremos este momento como el inicio del desastre”, advirtió Valencia Laserna que votó en contra de estas medidas, junto al exsenador Humberto de la Calle.