En un debate candente que tiene lugar en la Comisión Sexta del Congreso de la República, el representante del Tolima, congresista de Rincón, ha propuesto una serie de medidas para mejorar las condiciones de vida de los mineros de subsistencia, generando una discusión apasionada sobre el Futuro de la minería artesanal en Colombia. Mientras algunos celebran las iniciativas, otros advierten sobre los riesgos ambientales y sociales que podrían surgir de estas propuestas.

Uno de los puntos clave de la propuesta es la necesidad de revisar el obsoleto Código Minero, el cual, según los defensores de la medida, prioriza a las grandes empresas sobre los mineros artesanales, que son quienes realmente necesitan protección y apoyo. El congresista Haiver Rincón, plantea que, con una regulación adecuada, los mineros de subsistencia podrían mejorar sus condiciones laborales y económicas, garantizando un trabajo más seguro y digno.

Sin embargo, esta propuesta ha generado cuestionamientos entre los ambientalistas y expertos en sostenibilidad, quienes alertan sobre los riesgos de entregar maquinaria pesada a los mineros artesanales. Uno de ellos, Jaime Tocora, diputado del Tolima, argumenta que, aunque esto podría mejorar la eficiencia de la minería, también incrementaría enormemente el daño ambiental, como la deforestación masiva, la contaminación de cuerpos de agua y las alteraciones de ecosistemas enteros. Para estos expertos, la minería artesanal debe mantenerse en su forma actual, utilizando métodos más tradicionales y menos destructivos.

Otro aspecto que se ha discutido intensamente es el destino de la maquinaria incautada en operativos contra la minería ilegal.
“Si hoy en día la maquinaria que se incauta se la entregarían a ellos, pues resultaríamos en unos impactos supremamente graves sobre los territorios en términos ambientales y esto, pues, golpearía realmente los derechos de la naturaleza que en ningún momento se están discutiendo lastimosamente en esta serie de análisis que se hacen de manera muy superficial”, subrayó el ambientalista.

La asambleísta manifiesta que en lugar de destruir dicha maquinaria que se incauta a quienes hacen este tipo de prácticas de forma “ilegal” no se destruya y “se le entregue a esos municipios que tienen condiciones paupérrimas de vida, de movilidad, para que la maquinaria realmente garantice que los alimentos y las vías puedan llegar a tener mejores condiciones en esas poblaciones”, declaró.

Finalmente, el integrante de la Duma Departamental invita a quienes lideran estos debates a que “esta discusión que se está dando en estos momentos suscita esas discusiones y ese debate tan importante, pero sobre todo también se haga una transición frente a esas personas que producen esa serie de actividades y se genere realmente una condición de acompañamiento más efectivo para poder garantizarle a ellos una transición hacia una agricultura sostenible y obviamente respetuosa con el ambiente”, finalizó.