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Diego González, nuevo secretario general del Senado

Lleva 21 años vinculado con el Congreso de la República, 14 de los cuales se ha desempeñado como secretario de la Comisión Segunda.
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Diego Alejandro González, nuevo secretario general del Senado.
Crédito
Leonardo Vargas
5 Dic 2024 - 7:58 COT por Alfonso Aya Roa

El abogado Diego Alejandro González fue elegido como nuevo secretario general del Senado de la República, en reemplazo de Gregorio Eljach Pacheco, quien renunciara al cargo para ser elegido Procurador General de la Nación.

El nuevo secretario general del Senado fue postulado por el partido de La U y respaldado por el liberalismo, los conservadores, Comunes, el Pacto Histórico, la Alianza Verde, Cambio Radical, el Centro Democrático, Mira y los grupos independientes como ADA, Colombia Justa Libres y En Marcha, lo que se tradujo en la elección unánime con 89 votos. 

González egresado de la facultad de derecho de la Universidad Católica, es especialista en derecho administrativo y magíster en gobernabilidad y democracia, derecho constitucional, además de haber adelantado cursos de alta formación en gerencia pública, técnica legislativa, derecho comunitario, gobernanza y estrategias de seguridad y defensa, seguridad pública y defensa nacional. 

Su experiencia en asuntos legislativos se remonta al año 2003, cuando se vinculó al Senado en calidad de asesor jurídico y legislativo y en los últimos 14 años se ha desempeñado como secretario de la Comisión Segunda del Senado, encargada de los asuntos de defensa, seguridad nacional y relaciones internacionales. 

De manera simultánea, desde 2013, Diego González ha sido secretario técnico ad-hoc de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico que integran Colombia, México, Chile y Perú, y ha integrado la Academia Colombiana de la Abogacía y la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional.

Una vez conocido el resultado, González, agradeció la confianza depositada en su nombre por parte de la plenaria y aseguró que su trabajo se centrará en garantizar el normal desarrollo del poder legislativo, ajustado a las normas constitucionales y a lo ordenado por el reglamento del Congreso.