Martha Alfonso expresa su apoyo a proyecto de ley que busca abordar la situación de adolescentes y jóvenes que egresan del ICBF
En un acto de solidaridad y compromiso social, un importante proyecto de ley que busca garantizar el acompañamiento y la protección integral de niños, niñas y adolescentes institucionalizados ha comenzado a abrirse camino en el Congreso. La iniciativa, respaldada por diversos sectores políticos, aborda una deuda histórica con aquellos jóvenes que, tras pasar toda su vida en el sistema de bienestar familiar, enfrentan el abandono al cumplir la mayoría de edad.
Este proyecto busca llenar el vacío que enfrentan miles de adolescentes y jóvenes que, al no contar con una familia cercana, deben enfrentarse al mundo sin un respaldo sólido. “Ellos no están en esa condición porque lo quisieron, sino porque les tocó vivir una vida desafortunada”, expresó Alfonso Jurado.
El impacto de crecer sin una familia que brinde amor y seguridad trasciende las carencias materiales. Aunque los hogares de protección puedan garantizar techo y alimento, el proyecto subraya que la ausencia de un vínculo familiar les vulnera emocionalmente, afectando su bienestar espiritual y su capacidad para construir un futuro.
“Pienso en estos niños y niñas y me conmueve profundamente. Si hay algo que me angustia en la vida, es que mis hijos se queden sin alguien que responda por ellos. Ahora imaginen a estos jóvenes, cuya única familia ha sido el Estado o las instituciones de caridad. Necesitamos acompañarlos más allá de su egreso del sistema”, añadió la congresista.
El proyecto incluye propuestas innovadoras como programas de acompañamiento psicosocial, acceso prioritario a la educación superior y empleo, y subsidios para su autonomía. Además, contempla la creación de redes de apoyo que permitan construir vínculos sociales sólidos, ayudándolos a superar el vacío familiar.
El debate no solo se centra en la necesidad de implementar estas medidas, sino también en la responsabilidad fiscal para garantizar su viabilidad. En este sentido, se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que dé el aval fiscal necesario y permita convertir esta propuesta en una política de Estado.
La comunidad y organizaciones sociales han recibido con esperanza el anuncio de esta iniciativa, calificándola como un paso necesario para dignificar la vida de miles de jóvenes que merecen una oportunidad justa para salir adelante.
Con el respaldo unánime de la Comisión encargada y el compromiso de sus impulsores, este proyecto promete ser un punto de inflexión en la lucha por los derechos de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La sociedad ahora espera que este compromiso se materialice en acciones concretas y prontas.