El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, el Contralor General de la Repúbica, Carlos Felipe Córdoba Larralte, y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, se pronunciaron y solicitaron que se adelante en forma inmediata la intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás.

En comunicación enviada al Ministro de Salud, Iván Darío González Ortiz, y al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizabal Ángel, los jefes de los entes de control alertaron sobre la grave vulneración de los derechos fundamentales de los afiliados a Medimás EPS S.A.S, representada en la falta de garantías en la prestación del Plan Básico de Salud –PBS-, y las irregularidades en la administración de los recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud.

Señalaron que Medimás ha tenido un incremento exponencial en los pasivos que pasaron de $2,037 billones de pesos (diciembre de 2018) a 2,726 billones (noviembre de 2019) y acumula pérdidas superiores a -$803.295 millones de pesos. 

Todos los indicadores financieros de la EPS se encuentran en rojo, porque incumple con las exigencias de capital mínimo, patrimonio adecuado, razón corriente, liquidez, monto y régimen de inversión de las reservas técnicas. A la fecha, ha superado el límite legal de gastos administrativos, y se encuentra incursa en causal de liquidación por cuanto su patrimonio neto es inferior al cincuenta por ciento del capital suscrito.  

Así mismo, según el informe del Contador con Funciones de Revisor Fiscal, el 60% de los activos que Medimás reportó en noviembre de 2019 en $1,761 billones de pesos, corresponden al denominado activo intangible, es decir, una estimación del valor de los potenciales beneficios económicos presentes y futuros asociados a la adquisición de Cafesalud EPS S.A., y al parecer no contarían con un soporte técnico que validara la realidad económica y financiera.   

Los resultados de las auditorías y actuaciones preventivas adelantadas por los organismos de control, habrían podido evidenciar posibles acciones y omisiones por parte de los administradores de MEDIMÁS E.P.S. S.A.S (contratistas, y/o empleados) a través de las cuales, al parecer, se estarían desviando los recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud que superarían los $635.000 millones de pesos. 

Esto se podría evidenciar en giros de anticipos sin legalizar a IPS de accionistas de Prestnewco, sociedad dueña de Medimás; autorizaciones con fecha superior a fecha de salida del servicio, pago de servicios con valor superior al previsto, pago de medicamentos a sus IPS con precios superiores al regulado, y pagos de servicios médicos prestados con anterioridad a la creación de Medimás E.P.S. 

También consideraron inaceptable que la Supersalud haya establecido como una meta del plan de acción de la medida de vigilancia especial de Medimás, la legalización de tan solo el 30% de dichos anticipos y peor aún, que la EPS apenas haya alcanzado el 3,13% y el 6,28% en agosto y en noviembre de 2019, respectivamente. 

Advirtieron que Medimás no estaría garantizando la atención en salud a sus afiliados, ya que los indicadores de riesgo reportan un tiempo de espera de 44.12 días para el inicio de tratamientos en el caso de pacientes con cáncer de seno, y menores con sífilis congénita y gestacional. 

La entidad promotora de salud ocupa el primer lugar entre las EPS por acumular el mayor número de PQRD, con una tasa acumulada de 453,71% para el régimen contributivo y de 261,2% para el subsidiado y 23.664 acciones de tutela en su contra, y 35.256 incidentes de desacato en los primeros ocho meses de 2019, lo que demuestra su incapacidad para la administración del riesgo en salud. 

Para los entes de control, la medida de vigilancia especial y demás actuaciones desarrolladas por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2017, no han generado resultados que validen y garanticen la prestación del servicio por parte de la EPS, y por el contrario, se ha permitido que  las condiciones de incumplimiento de la Capacidad Científica, la Capacidad Técnico Administrativa, y la Capacidad Tecnológica, aumenten y pongan en riesgo la eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios. 

Señalaron que Medimás está incursa en todas las causales de intervención del Estado, de revocatoria del certificado de autorización para operar y de liquidación; que no cumple con ninguna de las condiciones de habilitación, y que no se pueden ignorar las cuestionables condiciones operacionales que tiene la EPS, por lo que debe darse cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales para evitar afectaciones a los afiliados.

Medimás le salió al paso al procurador

En un comunicado a la opinión pública la EPS rechazó la petición que se elevó ante la Superintendencia de Salud.

Rechaza las indebidas injerencias del Procurador General de la Nación al Superintendente Nacional de Salud que pretenden forzarlo a que liquide a esta EPS. Por lo tanto, se han iniciado acciones judiciales en contra de la Procuraduría General de la Nación y el Dr. Fernando Carrillo por extralimitación a sus funciones.

Las actuaciones del Procurador, que vienen desde septiembre de 2017, constituyen claras extralimitaciones a sus funciones de prevención, que se limitan a detectar y advertir situaciones, pero de ninguna manera a usar el poder disciplinario para coaccionar o amenazar a funcionarios de otras entidades para que obedezcan sus órdenes. Dichas actuaciones ya han sido reprochadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado pues son un atentado a la separación de poderes y al Estado Social de Derecho.

La entidad ve con preocupación que la Contraloría General de la Nación esté extralimitando sus funciones y desacatando los mandatos de la Corte Constitucional al prejuzgar y buscar entrometerse en la autonomía del Gobierno Nacional y de la Superintendencia Nacional de Salud.

También es necesario advertir el evidente conflicto de intereses del Defensor del Pueblo, quien se suma a las actuaciones del Procurador General, a sabiendas de que dos familiares suyos son contraparte de Medimás y se beneficiarían de una eventual intervención y liquidación de la EPS.

En efecto, en plena amenaza del sistema de salud por la pandemia del Coronavirus resulta inadmisible que el Procurador General busque dejar a más de tres millones de colombianos y colombianas sin una respuesta oportuna en caso de que se concreten los riesgos que ya ha advertido la Organización Mundial de la Salud.