La coautora de la iniciativa fue la Representante a la Cámara, Adriana Magali Matiz, quien manifestó que lo que busca este proyecto es generar certeza y seguridad jurídica a los comerciantes del país con las modificaciones que se le están haciendo a la Ley 19801 de 2016, la cual rige el Código de Policía.

Según la parlamentaria esto surge “a raíz de las múltiples arbitrariedades que se han cometido contra los comerciantes, así como las múltiples interpretaciones que se han dado a la norma", toda vez que en el último año se han cerrado más de 17 mil establecimientos de comercio en Colombia y en la mayoría de casos se han hecho por desconocimiento de la norma o mala interpretación de la misma.

Es por eso que con la aprobación de este proyecto de ley se quiere dejar claros los requisitos para el funcionamiento de los establecimientos de comercio y además el procedimiento que se debe realizar en caso que se deba aplicar alguna sanción.

Por otra parte, el proyecto de ley también busca "establecer que las únicas sanciones aplicar serían multas y suspensión, es decir no hablar de cierres de establecimientos que sin duda afectan no solamente la economía de los comerciantes sino también de sus familias" aseguró Matiz

Sobre este tema, es de resaltar que el Tolima hace parte de los 10 departamentos del país con las cifras más altas de establecimientos de comercio cerrados desde la implementación del Código de Policía.