El ex contralor departamental, Mariano Rodríguez, analizó el pasado debate de control político que se dio en el Congreso de la República bajo la iniciativa del senador electo, Miguel Ángel Barreto y destacó la posición el director nacional del IGAC, Juan Antonio Nieto Escalante.

Enfatizó que la entidad le dio el visto bueno en el sentido que las actuaciones del gobernador Barreto al enviar el acuerdo al Tribunal para control de legalidad e indicó que los cuestionamientos en su contra han sido sin sentido dado que su función como mandatario le da la atribución de remitir para el control de constitucional al Tribunal todos los acuerdos y decretos con presunción de ilegalidad.

“Las 32 gobernaciones del país tienen oficinas jurídicas que estudian previamente los acuerdos y decretos para saber si se envía o no al Tribunal, el artículo 121 del Ordenamiento Constitucional impone que ninguna autoridad puede ejercer funciones distinta de las que autoriza la Constitución y la Ley, el Concejo Municipal no es el que debe establecer las tarifas de los impuestos prediales eso lo tiene que hacer el IGAC”.

En cuanto a la opción que propone Gustavo Petro de gravar las tierras improductivas y la amenaza de expropiación, apuntó que la confiscación en derecho es el acto de incautar de bienes sin compensación pasando al erario, mientras que la expropiación es la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado por medio de indemnización.

“La gente no ha entendido la diferencia entre esos dos términos, el artículo 34 del Ordenamiento Constitucional impone que no habrá confiscación.

Por ejemplo cualquier corporación establece unos acuerdos para imponer unas tarifas desproporcionadas en el impuesto predial y resulta que el propietario no puede pagar, entonces el Estado inicia un estado de cobro coactivo pero dentro del proceso aparecen las medidas cautelares y se embargan los bienes, pero esa cuantía aumenta por los honorarios del abogado y los costos del proceso, es decir si inicialmente el cobro era de 1 millón de pesos puede pasar hasta a 4 millones, es ahí cuando el Gobierno al ver que no se puede pagar le ofrece comprarle y le ofrece pagarle en títulos de deuda pública a 25 o 30 años, ahí aparece la figura de expropiación.

Estos temas tienen una relación absoluta con el tema económico pues en la situación de desempleo, el sector agropecuario está arruinado, la esencia del marxismo leninismo tiene como objetivo la proletarización de la clase media, es decir el empobrecimiento de la gente, crear condiciones objetivas para que los que no son dueños de los medios de producción tengan una condición económica muy limitada para poder hacer una generalización de lo que es la distribución de la riqueza pero en cabeza del Estado y aparece el concepto de la propiedad privada”.

El ex contralor apuntó que en esa trampa es en la que no puede caer el pueblo colombiano pues Gustavo Petro fue perpetrador del Holocausto del Palacio de Justicia pues pretende dirigir la economía del país hacia este oscuro futuro.

“No estoy diciendo que el Gobierno haya realizado expropiado sino el peligro que afronta la sociedad colombiana en relación a estos temas, lo que pretenden hacer es un incremento de impuesto predial a nivel general, entonces piensen que pasará con la clase media”.