Dos contratos mediante modalidad directa con la Unión Temporal Puente Prado Río Negro 2016 y con la sociedad comercial Simwa Ingeniería y Diseño S.A.S, son los que tienen al parecer en líos jurídicos al alcalde de Prado, Álvaro González Murillo quien ya fue citado por la Procuraduría General de La Nación.

La investigación de acuerdo al ente de control el mandatario elegido para el periodo 2016-2019 se le cuestiona por haber celebrado en el 2016 dichos contratos sin acudir a los procesos de selección legalmente establecidos como lo son la licitación y el concurso de méritos.

La Procuraduría indicó que en el proceso que se le adelanta también se le reprocha al representante legal y ordenador del gasto, el presunto uso indebido de la declaratoria de urgencia manifiesta y la omisión del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que reglamenta la adecuada utilización de esta figura y del 43 que determina que este comportamiento “será causal de mala conducta”.

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Faltas a la ley

González Murillo habría incumplido también la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 que señala en el artículo 5º que es objetiva la selección en la cual “la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés”.

Para el Ministerio Público el mandatario debió proteger los intereses de la administración municipal, precaviendo cualquier infracción a las normas de contratación estatal y sometiéndose a la normatividad, los reglamentos y planes definidos para el ejercicio de su función y, al parecer, no lo hizo.

Las faltas de González Murillo fueron calificadas como gravísimas a título de culpa gravísima, toda vez que, al parecer, el mandatario habría violado reglas de obligatorio cumplimiento.

Durante la audiencia que se cumplirá el 25 de abril de 2018, a partir de las 9:00 a. m., en la Procuraduría Provincial de Chaparral, se podrá ordenar la práctica de pruebas pertinentes, conducentes y necesarias.