Como ‘ilegal’ califican los comerciantes de Ibagué la adopción de un decreto por parte del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo para reglamentar y cobrar el uso del espacio público y no permitir que dicha acción sea primero estudiada y llevada a debate de control político por el Concejo Municipal.

Es así como en Golpes de Opinión las posturas están divididas ya que para muchos el control no se debe hacer de esa manera y atropellar arbitrariamente al comerciante que va desde el tendero hasta el que tiene el establecimiento de comercio a gran escala. 

Posiciones

De acuerdo al concejal Humberto Quintero es legal cobrar por el espacio público porque así lo indica la ley, pero al mismo tiempo dice que no es legal la expedición del decreto del alcalde Jaramillo.

“El decreto 378 desde todo punto de vista es ilegal, sobre todo cuando se dicta una norma administrativa por medio del cual se establece el aprovechamiento economico del espacio público, acciones que son respaldadas por decretos nacionales donde se puede cobrar, pero de todas maneras no deben darse por este tipo de actos administrativos sino que deben ser directamente por medio de un acuerdo municipal con el fin de que se establezcan las reglas para conocer a dónde van a parar esos recursos que hoy en día tiene como administrador a la Gestora Urbana”.  

Al parecer según lo indicando por el cabildante la ley establece que la remuneración de esta contribución es para comprar de terrenos públicos para el interés general.

“Debo dejar claro que lo primero que se debe hacer antes de cobrar es tener un censo y aquí en la ciudad todavía no lo tenemos, la política pública del espacio público está en construcción, es decir que el diagnóstico tampoco lo tenemos y en ese sentido no están todos los parámetros”, manifestó Quintero.

¿Qué dice la Alcaldía?

El director de Justicia y Orden Público, Daniel Soto es claro en precisar que a través del Código de Policía, ley 1801 de 2016, se reitera la obligación de las administraciones municipales en la recuperación del espacio público que de una u otra forma pueden ser invadidos o ocupados indebidamente por los ibaguereños.

“Frente a eso la alcaldía reconoció que hay comerciantes que están aprovechando de manera económica el espacio público, por eso con el decreto se pretende contrarrestar es ofrecerle al comerciante una oportunidad para que pueda seguir aprovechando el suelo de manera económica y con esto generarle una contribución al municipio”, explicó Soto.

El funcionario también fue enfático en decir que si no existiera el decreto expedido por el alcalde, número 378 de 2017, el cual autoriza la formalización del espacio público como actividad económica, no se permitirá la utilización del espacio público por parte de los comerciantes dando de manera estricta el cumplimiento del Código de Policía.

“Esto quiere decir que se entraría a generar la imposición de multas por el uso ilegal de espacio público y muy posiblemente la suspensión temporal de la actividad comercial”.

Sobre si es legal o no el uso del espacio público, Daniel Soto, respondió que si es legal y que es una facultad que tienen los entes territoriales y municipales para organizar su territorio en la utilización del uso del suelo y los fines comerciales que estos acarrean.  

El control

“Estamos trabajando en conjunto con la Policía Nacional y las demás autoridades frente a unas quejas que la comunidad presenta ante la Administración Municipal por unos establecimientos que se han convertido en dolores de cabeza para la comunidad; por eso utilizamos unas disposiciones que nos otorga el Código de Policía, por eso no es cierto cuando muchos, como el concejal Quintero menciona, que la alcaldía no tiene facultades para ejercer dichos controles”, puntualizó el director de Justicia.  

Concluyó diciendo que su deber es hacer cumplir la ley y el mismo Código como lo establece la ley, “la invasión del espacio público con fines comerciales no puede realizarse, mientras que el decreto 378 habla es de permitir esta utilización comercial pero regulada, es decir, que se les da la oportunidad para que ocupen los antejardines con fines comerciales, pero a través de ellos también generen unos ingresos al municipio que serán destinados al mantenimiento del espacio público”.

¿Extralimitación?

De acuerdo al concejal Quintero hay una extralimitación de la Alcaldía de Ibagué porque son los cabildantes quienes deben determinar el uso y reglamentación del uso del suelo por medio de un proyecto de acuerdo ya que ellos son la corporación competente porque son funciones propias de su ejercicio.  

“Lo digo como vicepresidente que soy de la comisión del Plan de Ordenamiento Territorial que en estos momentos la extralimitación fue grande porque no debió haberse adoptado ese decreto de esa forma”.

Gremio comerciante

Ernestina Rodríguez de Varón, representante de los comerciantes de la ciudad, también sentó su posición frente a esta situación acotando que hay una extralimitación de funciones por parte de las autoridades.

“Estamos de acuerdo en que visiten nuestros negocios pero no estamos de acuerdo es con que vayan a nuestros locales que son legales, de personas honestas y lleguen  a generar pánico y sustos en los comerciantes diciéndoles que les van a cerrar los locales que tienen, es decir una soberbia que no debe existir para administrar e impartir justicia”.

De igual manera se suma a la pregunta de ¿adónde van a parar los recursos?, ya que ella dice que la iniciativa municipal es ilegal, así como lo ha manifestado el concejal Humberto Quintero.

Por su parte, el líder de la comuna 5, Germán Celis, expresó que la mayor situación de molestia entre comerciantes y la administración se dio en dicha zona de Ibagué, según sus palabras ellos fueron la ‘piedra en el zapato’.

“Le pido de manera formal al alcalde y al secretario de Gobierno, que se pasen por el Concejo y viabilicen el decreto para que al menos fuera un acuerdo. Nosotros nos vamos a reunir y alzar nuestra voz de protesta ya que no estamos de acuerdo con la determinación que ha tomado la administración con esa ley 378”.

Celis agregó que quienes deben de pagar dicho impuesto de uso del espacio público deben ser los dueños de los bienes inmuebles ya que ellos se salieron del parámetro urbanístico al construir los locales o establecimientos de comercio.