Usted aseguró, en las horas siguientes al lío de los tarjetones electorales del domingo pasado, que el problema de falta de papeletas para votar las dos consultas se presentó en 26 puestos de 11.229, o sea, solo en el 0,23 %. ¿Ratifica ese porcentaje o lo corrige, contando ya con más datos?

Le preciso: ese número de puestos corresponde a los sitios en donde la ejecución del plan de contingencia tuvo demoras, lo que derivó en la ausencia transitoria de tarjetas. En otros puestos de votación, también advertimos escasez pero el plan, en que se contemplaba pasar tarjetas de otras mesas y de otros puestos a los lugares en que hacían falta, funcionó oportunamente. Allí, claramente, no hubo problemas de agotamiento.

El “plan de contingencia” al que alude, ¿en qué consistía exactamente y por qué no fue eficiente como –al menos– dio la impresión ese día, por la furia de algunos votantes?

El plan estaba previsto en una reunión celebrada el 1° de febrero de este año con los representantes de los candidatos de cada consulta, y en un acta que refleja lo que ahí se pactó y que fue firmada por todos. En ese plan se decía que “si se llegasen a presentar faltantes en las mesas, la estrategia será redistribuir tarjetas electorales así: i) Entre las mesas que conforman el puesto de votación; ii) de un puesto a otro puesto de votación dentro del mismo municipio; iii) Del municipio más cercano y iv) en última medida, el registrador del Estado Civil respectivo deberá sacar fotocopia, para lo cual requiere la colaboración de los partidos o movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos (GSC) que conforman las consultas interpartidistas”. Este es el compromiso que adquirieron y firmaron los representantes de todos los candidatos.

Pues, francamente eel silencio respecto de ese pacto prefirmado es irresponsable, porque pudo suceder algo grave en materia de orden público. Pero, aun contemplada la posibilidad de fotocopiar los tarjetones, ¿tal solución es legal? ¿Votar en una hoja no original, no es lo mismo que hacerlo con la fotocopia de la cédula, que está prohibido?

Esta solución es legal y por eso estaba contemplada, desde un principio, en la logística y el protocolo para el desarrollo de las consultas interpartidistas que buscaba, por encima de todo, garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos. Le preciso que las consultas partidarias se rigen por normas especiales que permiten una mayor flexibilidad en sus procedimientos y condiciones, y que estas se acuerdan con los partidos participantes. Eso fue lo que hicimos para esta jornada electoral. Las consultas son de los partidos y la Registraduría presta, en este tipo de eventos, un papel de apoyo.

Me parece que usted tampoco mencionó esa acta el domingo pasado o el lunes siguiente cuando habló con varios medios. ¿Por qué? ¿Tal vez no quería enfrentarse con los candidatos?

El domingo estábamos atendiendo, primero, el proceso electoral del Congreso y sus escrutinios, además de que la problemática de las tarjetas ya se había superado. Al otro día, en la rueda de prensa que convocamos, lo planteé, pero tal vez no fui lo suficientemente insistente para llamar la atención sobre el particular.

Respecto de la agresiva reacción de grupos de electores en Medellín y Bogotá, queda la duda de por qué, si las fallas se presentaron en menos del 1 %, se sintió tanto revuelo y zozobra…

Entiendo la inquietud de los ciudadanos que sentían que su derecho al voto se estaba afectando. A ellos les ofrezco disculpas por la incomodidad que vivieron y que, reitero, afortunadamente pudimos superar al activar el plan de contingencia. Ahora, a nadie debe sorprender que, en estos tiempos en que el poder de amplificación de las informaciones en las redes sociales está comprobado, la molestia de algunos votantes haya tenido tanto efecto mediático.

Surge otra pregunta: ¿Por qué, existiendo un protocolo firmado, los delegados de la Registraduría no lo aplicaron de inmediato? Se informó que muchos jurados tuvieron miedo de los manifestantes…

El problema estuvo en la celeridad de la reacción, pero también nos enfrentamos a la posición de los jurados de votación, quienes no querían entregarles tarjetas electorales a otras mesas pero por temor a quedarse sin provisión.

Sea como sea, las fotocopias han sido fuente de burlas y memes. Rotaban de red en red y de celular en celular, dibujos infantiles que simulaban representar a los candidatos. También rodó una frase graciosa: “El registrador está preguntando que si la renuncia se presenta en original o sirven fotocopias”. ¿Le molestaron esos chistes o pensó que renunciar era una opción?

Como siempre sucede en estos casos, la creatividad de los colombianos da para todo. Hubo memes ingeniosos y con buen sentido del humor que no me molestaron. Y otros eran agresivos e hicieron parte de la cadena de ofensas anónimas en que algunos han convertido las redes sociales. En cuanto a su segunda pregunta, en lo único en que he pensado y sigo pensando es en organizar las mejores jornadas de elecciones presidenciales para que los colombianos no tengan dudas sobre el profesionalismo, la experiencia y el compromiso de la Registraduría.

Hubo, además y muy en serio, críticas duras contra usted, en particular, el lunes posterior a la jornada del 11 de marzo, de parte de algunos periodistas y analistas. ¿Cuál le dolió más?

Mi experiencia pública me ha enseñado que quienes asumimos estos cargos aceptamos que todos nuestros actos están sujetos a críticas de todo tipo y hay que tener templanza para recibirlas por duras que sean.

Insisto: algunos importantes personajes quedaron “picados”, si me permite la expresión para referirme a quienes no les parecen suficientes sus explicaciones. ¿Tambalea su cargo?

Ya le dije antes que estoy concentrado en la organización de las próximas elecciones presidenciales. Respeto lo que piensan las demás personas, pero mi tiempo y mis energías están todas dedicadas a garantizar la elección del próximo presidente de los colombianos.

Hasta Venezuela aprovechó para reírse de Colombia: Maduro dijo que nuestras elecciones “parecían un programa cómico” y Diosdado Cabello, que lo que pasó era “muy bochornoso” y añadió: “imagínense al jefe de la Registraduría decir que las ‘boletas’ no alcanzaron porque no le dieron suficiente plata”. Me parece que usted sugirió falta de presupuesto. ¿Se malinterpretó lo que dijo o reitera que el Gobierno no le dio el dinero que pidió?

Me reitero en la afirmación de que con los recursos asignados no era posible imprimir 36 millones de tarjetas para las consultas. Ahora, con lo asignado, como también dije, se imprimieron 30 millones. Esto es, 15 millones por cada consulta, lo cual incrementó sustancialmente el riesgo de escasez de las tarjetas.

En consejo de ministros, esta semana, el jefe de presupuesto del Ministerio de Hacienda entregó documentos que probarían que, si bien le hizo a usted observaciones en otros ítems, no modificó el rubro de tarjetones.

La Registraduría solicitó la suma de $32.050 millones, pero el Ministerio de Hacienda indicó que solo disponía de $26.450 millones. Como dije, al reducirse la suma solicitada, nosotros tuvimos que ajustar la distribución inicial al nuevo rubro asignado y fue, entonces, cuando nos vimos obligados a disminuir el número total de tarjetones que habíamos previsto al inicio.

¿Pero usted hizo la advertencia de que esa reducción podía generar un riesgo alto de fallar?

En el desarrollo de las conversaciones con el Ministerio, obviamente esa manifestación quedó clara. Además, las consultas de los partidos han recibido críticas por la cantidad de tarjetas que se imprimen y que después no son utilizadas, como ocurrió con la del partido Liberal, circunstancia que pudo haber sido tenida en cuenta por el Ministerio de Hacienda.

En casos como el de estas consultas, ¿sobre cuál base histórica se podía hacer un cálculo realista de tarjetas impresas y distribuidas? ¿Había algún antecedente para votación de consultas, de una polarización política como la que hoy se vive, la cual pudo incentivar la votación?

No. No había un parámetro del cual se hubiera podido extraer información histórica para organizar estas consultas en cuanto a número de tarjetas que debían imprimirse.

¿Entonces por qué y sobre qué bases decidieron imprimir 15 millones de tarjetas por consulta?

La cifra de 30 millones para las dos consultas, a pesar de no cubrir el 100 % del censo electoral, se consideró razonable bajo el criterio de la aceptación, por parte de los partidos que participaban en las consultas, del plan de contingencia al que me referí.

¿No era lógico suponer que, por ejemplo, en Medellín y el resto de Antioquia iba a presentarse un volumen más alto de votantes por la consulta uribista y, en consecuencia, se debía enviar allí un número mayor de tarjetas de esa contienda?

Como no teníamos un parámetro histórico, por un lado, y como es muy difícil de calcular la distribución de las tarjetas mesa por mesa, entre las 103.343 que hubo en las consultas partidistas del 11 de marzo, hicimos una repartición proporcional e igualitaria en todas las mesas de votación y entre las dos consultas.

Perdone, pero ¿no se podía prever que la consulta de la derecha iba a ser mucho más voluminosa que la de la izquierda por el miedo que le han infundido a la gente?

La Organización Electoral no puede partir de suposiciones políticas ni tampoco de hipótesis futuras, porque tenemos que garantizarles el derecho al sufragio a todos los ciudadanos. En este caso, si bien no teníamos el 100 % de las tarjetas electorales, insisto en que sí contábamos con el plan de contingencia que, de todos modos, funcionó.

No obstante que usted fue registrador nacional encargado hace unos 10 años, esta es la primera vez que preside una elección nacional. ¿Admite que hubo algo de “novatada”?

Le recuerdo que en el año 2007 organicé las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores, y asambleas y concejos; y que el año pasado organicé y realicé, en tiempo récord, el plebiscito por la paz, todos con excelentes resultados.

Fiscalía, Procuraduría y Contraloría anunciaron investigaciones. ¿En qué van esos procesos y cómo se siente al respecto?

Soy el más interesado en que se realicen todas las investigaciones sobre estos hechos. Personalmente visité al procurador, al fiscal y al contralor para informarles sobre lo ocurrido y expresarles mi absoluta disposición para atender sus requerimientos y para colaborar con sus investigaciones.

Imagino que tendrá entre sus planes otro cuadro de precauciones para la primera y segunda vuelta presidenciales. ¿En qué consisten?

En todo proceso electoral se identifican los riesgos que puedan afectarlo. Tenga la seguridad de que estamos revisando detalladamente esos puntos críticos de riesgo, que son muchos, en estos procesos tan complejos. En lo que tiene que ver con tarjetas electorales no habrá problema, como no lo hubo en las elecciones de Congreso, porque se imprimirá el 100 % del censo electoral.

Un pacto entre candidatos del que no se habló

Quisiera que me ratificara lo que sostiene hoy: en los protocolos que firmaron con la Registraduría, un mes antes, los voceros de los partidos que fueron a consulta, ¿se contemplaba la eventualidad de que los tarjetones se agotaran y se usaran fotocopias?
Sí. Así se contempló.

Entonces, ¿por qué ni candidatos ni partidos hablaron de ese pacto el domingo pasado, y en vez de aplacar los ánimos de la gente, protestaron e, incluso, insinuaron que había un intento de fraude suyo y del Gobierno?
Lamento que esa información no hubiera fluido más entre los directivos de los partidos y sus representantes, o demás miembros de las campañas. Pienso que puede haber ocurrido que quienes firmaron el acta, no divulgaron su contenido dentro de sus colectividades.

¿Quiénes firmaron el pacto del 1° de febrero y en representación de cuáles candidatos?
Paola Rivera, por Iván Duque, del Centro Democrático; Camilo Gómez, por Marta Lucía Ramírez, del grupo significativo de ciudadanos (GSC) Una Colombia Honesta y Fuerte; Álvaro José Soto García, por Alejandro Ordóñez, del GSC La Patria de Pie; Álvaro Moisés Ninco, por Gustavo Petro, del GSC Colombia Humana y del Mais; Adolfo Bula y Alexánder Zabaleta, por Carlos Caicedo, del GSC Fuerza Ciudadana.

Preocupación de los votantes por una presunta retaliación política

Los votantes que participaron en las consultas están preocupados por la posibilidad de que el sentido de su voto y el de la elección de candidato presidencial en que intervinieron, pueda ser público mediante los formularios E-11 (registro de votantes) que se les entregarían a los partidos de esas consultas del domingo pasado. Les inquieta la retaliación o el señalamiento del otro lado ¿Cómo tranquilizarlos? 
Les digo que no hay de qué preocuparse. Los formularios E-11 no se entregarán. La Registraduría va a custodiar el secreto del voto, como le corresponde, pero además, hay que atender razones de protección de la normatividad sobre habeas data.  

Sin embargo, entiendo que es obligatorio darles a los partidos participantes de las consultas la documentación de las votaciones. 
A lo largo del proceso de escrutinio del Congreso hemos venido recogiendo el material de las consultas y lo estamos trayendo a Bogotá. Cuando lo tengamos en su totalidad, les entregaremos a los participantes las actas de instalación, los formularios E-14 y los votos.

Tomado de: elespectador.com