En un hecho atípico en la historia económica de Colombia, el Congreso de la República negó el monto de presupuesto general de la nación, propuesto por el Gobierno, por 523 billones de pesos. Además, lo hizo bien sobre la base que dicho monto, supone seguir en el “tren del derroche”, que hace que entre 2023 y 2025 los gastos de funcionamiento crezcan en 117 billones de pesos (lo equivalente a 8 reformas tributarias). 

Es inconcebible que los costos de la burocracia estatal y las transferencias monetarias en Colombia estén creciendo al 20% promedio anual en esos tres años, cuando el crecimiento del PIB Colombia es cercano al 0%. No hay empresa administrada seriamente hoy en el país que tenga datos como estos. 
Así las cosas, cuando el gobierno presenta recientemente una Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria por 12 billones de pesos, para financiar ese presupuesto desfinanciado, incurre en el pecado original de esa iniciativa (Primer Pecado). 

Pero al revisar la propuesta de reforma tributaria, tiene otros problemas. Si bien tiene el “dulce envenenado” de reducir la tasa impuesto de renta a empresas, simultáneamente eleva los costos a ellas, con más impuesto al patrimonio, más impuesto al carbono, eleva la tarifa mínima de tributación en renta (retornándonos con más fuerza al absurdo mecanismo de tributar sobre renta presuntiva),  eleva la tarifa de ganancia ocasional, aumenta los impuestos a insumos claves como gasolina, gas y ACPM, acaba con el régimen simple de tributación que significaba menos informalidad, más simplicidad y menos costos para el micro y pequeño empresario y eleva el impuesto de renta a los socios de las empresas actuando como personas naturales. 

En síntesis, le baja la tasa nominal de renta a las empresas, pero por el otro lado puede subirle la tasa efectiva combinada que pagan las empresas e inversionistas. Al ritmo de ajuste que propone esta reforma y la del 2022, nada raro que sigan creciendo los cambios de domicilio fiscal de muchos inversionistas colombianos, cansados de ser los únicos “paganini de la economía” (Segundo pecado, el pecado de obra). 

En tercer lugar, la reforma tributaria, tiene otro problema. El grueso del recaudo (más del 50%) viene de flexibilizar la regla fiscal y cambiar su diseño, permitiendo más deuda y más inversiones verdes sin cumplir metas ni de déficit fiscal ni de deuda pública. Permite entonces el “derroche verde”, asunto que ya lo están viendo mal calificadoras de riesgo e inversionistas y que llevará a elevar la prima de riesgo país, el costo de financiamiento y la tasa de cambio, haciéndole más costosa la vida a las empresas y al estado. Omite así el cumplimiento de la tradicional macroprudencia fiscal de Colombia (Tercer pecado, el de omisión). 

Estos tres pecados se traducen en más desconfianza en la economía, más informalidad empresarial, más empresarios retirando sus capitales de Colombia, desincentivo a la inversión privada y con ello un buen plan de “desactivación” empresarial, todos ellos propósitos contrarios a lo que necesita el país.

El camino que sigue es jurídicamente dudoso y lo mejor es retirar esta reforma que tiene demasiados pecados, incluyendo riesgos de inconstitucionalidad. Sería lo mejor por el país.