La prioridad económica del gobierno en los siguientes años es que Colombia recupere el crecimiento y supere una trampa de estancamiento. Es imposible como nación mejorar indicadores de empleo, equidad y pobreza, tener un recaudo tributario que cumpla metas, lograr un manejo sostenible de deuda, o hacer las inversiones sociales y productivas, sin que prendamos de nuevo los motores del crecimiento. Y todo eso menos se logra sin que el sector empresarial se sume y tenga la confianza suficiente para invertir. 

Por eso, fue buena iniciativa del gobierno haber convocado en Manizales a ministros, altos funcionarios del estado y una nutrida participación de actores empresariales y gremiales, alrededor de lograr “confianza para crecer”. Son válidas también las áreas genéricas por donde caminará la reactivación y que ya tiene el plan de desarrollo hace rato: reindustrialización, construcción de paz, desarrollo del agro, oportunidades en energía, turismo sostenible, acelerar inversión pública y promover proyectos de vivienda. 

Si son entonces todos temas conocidos, porque propone el gobierno esperar 6 semanas para tener un plan. El primer mensaje es darle real sentido de urgencia al problema más importante de la economía. ¿Acaso no es posible lograr que este plan se implemente en una semana y que cerremos el año con un segundo semestre de crecimiento superior al 3,5%? Además, la mayoría de los temas están en el plan de desarrollo y tienen presupuesto. ¿No es mejor hacer cumplir ese plan que a la fecha tiene un 88% de indicadores con cumplimento promedio inferior al 10% ¿No es más fácil gerencialmente hacer cumplir lo que ya se tiene planteado, en lugar de esperar a crear tardíamente algo que ya se tiene previsto?

Pero donde menos claridad existe en este Plan de Reactivación es en las palabras del propio presidente de la república al cerrar el evento, que parecían para otro evento distinto. Si justamente el propósito era generar confianza, su mensaje no lo logra. Tampoco envía un mensaje de construcción colectiva, sino más bien de firma de un contrato de adhesión a sus ideas, muchas de las cuales discutibles. 

Generan desconfianza los mensajes que ponen en entredicho el modelo de energía y gas con el riesgo de politizar el debate de tarifas y desincentivar la inversión, genera desconfianza el desprecio por el rigor técnico que necesitan los nuevos integrantes de la CREG, genera desconfianza que se insista en una nueva reforma tributaria para financiar más gasto público, eventualmente modificar regla fiscal y sin tener claridad sobre cómo lograr el recaudo esperado, genera desconfianza insistir en una reforma laboral que no genera los cuatro objetivos de una buena reforma (más empleo, más formalidad, más productividad y dignificar a la mayoría de trabajadores) y genera desconfianza proponer que el gobierno administre directamente unas inversiones forzosas, haciendo uso ineficiente, populista, politiquero,  y con riesgos de integridad, del ahorro privado. Ni las inversiones forzosas per se son buena idea de reactivación, ni mucho menos cuando el gobierno administra y distribuye los créditos derivados de ellas. 

Así las cosas, buena iniciativa del evento, muy mal postre y bastantes dudas, para una propuesta que poco sentido de urgencia tiene y menos claridad de herramientas.