Afirmó que además de los 1.150 casos abiertos por oficio o por denuncias hechas por los ciudadanos en la Fiscalía o recibidas en el portal de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral –Uriel- y de las que resultaron 125 personas capturadas, en el día de hoy se realizaron 28 capturas más en todo el país y los vinculados ya están en  proceso de  judicialización.

Entre los capturados por el delito de corrupción al sufragante se encuentran una diputada en Mitú (Vaupés) y un candidato al consejo del municipio de Alcalá (Valle) y por constreñimiento al sufragante varios  jurados de votación en la Hormiga (Putumayo) y en Santa Marta. “Estamos muy atentos en varias ciudades del país porque tenemos información sobre jurados de votación que se estarían poniendo de acuerdo para anular votación de algunos partidos y candidatos”, aseguró el Fiscal General (e).

El jefe del ente acusador también explicó que  “Todas estas capturas implican que se realicen las correspondientes audiencias de legalización, de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento. Vamos a pedir las medidas de aseguramiento por cuánto son personas que si estaban cometiendo esos delitos electorales el día de hoy, es claro que los pueden seguir cometiendo los próximos días cuándo se presenten discusiones o reconteos en diversas partes del país y pueden influir de alguna forma en los resultados electorales”, señaló.

Respecto a la incautación de dineros ilícitos para la financiación de las campañas, Perdomo Torres resaltó la importancia de los dispositivos realizados para lograr su incautación. “Hemos dado unos golpes muy importantes a estos flujos de dineros que se destinan generalmente en efectivo para compa de votos y hasta este momento llevamos incautados con fines de comiso 1.703 millones de pesos en 22 municipios de 15 departamentos”.

Entre los casos de relevancia el Fiscal General (e)  se encuentra  la incautación de 520 millones en poder de un policía activo en el municipio de Doradal (Antioquia); 482 millones en Corozal (Sucre) al ex congresista Yair Acuña; 130 millones en Mitú (Vaupés); 94 millones incautados en el aeropuerto de Quibdó a un servidor del Ministerio de Agricultura; 50 millones en Santa Marta y 43 millones al alcalde de Quimbaya (Quindío).  El Fiscal (e) explicó que sobre la gran mayoría de estos dineros se decretó la suspensión del poder dispositivo en favor de la Fiscalía General de la Nación mientras se adelanta el debido proceso de enriquecimiento ilícito.  “Aquí las personas que han sido detenidas en posesión de estos dineros tienen que entrar a justificarle a la Fiscalía la procedencia licita de estos bienes. La Fiscalía va a seguir con la Policía haciendo los controles debidos en las carreteras porque sabemos que es precisamente en estos momentos de agitación electoral cuando más se dan esos flujos de dinero”, advirtió Perdomo Torres.

Más de 650 mercados, 94 bultos de cemento, 47 cajas de aceite, 56 tejas de zinc y alrededor de 2600 gorras, entre otras modalidades, han sido empleadas como formas de dádivas al sufragante para comprar votos.

Por otra parte reveló que en los operativos en los que participan en todo el país más de 9.000 funcionarios del CTI se evidenció que en el municipio de Plato (Magdalena) cerca de 170 personas ingresaron a algunos puestos de votación destruyendo el material electoral razón por la cual las elecciones fueron aplazadas. “Estamos judicializando estos hechos porque esto que pasó puede constituir el delito de perturbación del certamen democrático que es un delito muy grave que tiene una pena de hasta 10 años”.