En actuación realizada por la Contraloría General de la República, a través de una auditoría de cumplimiento, se detectaron 13 hallazgos fiscales por valor de $20.218.572.858 y 18 disciplinarios que están siendo trasladados a la Procuraduría General de la Nación, todo esto en calidad de anticipo que aunque no han sido ejecutados o invertidos se encuentran en poder de contratistas y proveedores.

La Contraloría General de la República encontró obras inconclusas, cuya ejecución implica periodos de tiempo superiores a los estimados, también trabajos pendientes de entrega a las entidades territoriales y recursos otorgados en calidad de anticipo que aunque no han sido ejecutados o invertidos, se encuentran en poder de contratistas y proveedores. 

Es así como la entidad Fonade en su gestión de entrega, manejo y control de los anticipos no cumplen con la respectiva normatividad; así mismo que su papel como entidad financiera de fomento y desarrollo no cumplió con sus funciones ya que no realizó operaciones de crédito, sino que dichas acciones de contribución al desarrollo dependen de los clientes.   

Lo anterior, debido a que la ejecución de los recursos entregados en calidad de anticipo en los contratos derivados que celebra FONADE “no cumplen los principios de eficacia y celeridad, y los resultados no se logran de manera apropiada y oportuna, conforme a los objetivos y metas previstas para el beneficio de la población objetivo”.  

También encontró obras inconclusas,  cuya ejecución implica periodos de tiempo superiores a los estimados, también trabajos pendientes de entrega a las entidades territoriales y recursos otorgados en calidad de anticipo que aunque no han sido ejecutados o invertidos, se encuentran en poder de contratistas y proveedores. 

La Contraloría General de la República puso en la mira el manejo de los anticipos en FONADE cuando en la auditoría regular practicada para la vigencia 2016, se estableció que el monto de los anticipos que la entidad entrega a sus contratistas (contratación derivada) no se registra, clasifica ni se presenta en los estados financieros. Por esta razón, el deterioro que eventualmente puede afectar estos anticipos tampoco se revela en las cifras contables de la entidad, lo cual indica que el riesgo de pérdida por la exposición a los contratistas no se evalúa ni se valora. Adicionalmente, se expone en mayor grado al riesgo de fraude (bajo la modalidad de apropiación indebida de activos) toda vez que, al no incorporarse al sistema de información financiera, se dificulta el seguimiento a su utilización y ejecución.

De esta manera, se determinó que FONADE no logró los objetivos de la gerencia de proyectos, dado que si bien se han invertido cuantiosos recursos por parte del Estado para satisfacer necesidades básicas de la población beneficiaria, la gestión de los proyectos que le son encomendados en desarrollo de su misión como gerente y gestor de los mismos, no alcanza el cumplimiento de los fines estatales.

Lo que se ha evidenciado en los ejercicios de auditoría y en los estudios de la Contraloría es que los problemas en la gestión de FONADE no solo devienen en la ejecución de las obras sino que, además, existen inconsistencias en la información, problemas con permisos para la ejecución de los proyectos, consultas previas, retrasos en la adquisición y legalización de terrenos, demoras en los trámites contractuales, y deficiencias en la supervisión e interventoría, lo que ha puesto de relieve las profundas debilidades en las diferentes etapas de los proyectos, especialmente en la planeación y estructuración. Estas debilidades parecen más permanentes que ocasionales, cuando se espera que la entidad llamada a ser el “agente de proyectos de desarrollo del Estado”, no sólo brinde su experiencia y conocimiento para calcular y mitigar dichos riesgos, sino que sea experta en su identificación, evaluación, control y mitigación. 

Para la Contraloría resulta evidente que FONADE no ha participado de una verdadera política orientada a mejorar la eficiencia de la inversión de recursos por parte de los entes territoriales, a lo que estaría llamado como “Agente de Proyectos de Desarrollo” del Estado.