La Corte Constitucional ha emitido un fallo trascendental después de seis meses de análisis, avalando el procedimiento de la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular. Sin embargo, este fallo establece una condición importante: las determinaciones de sanción solo se ejecutarán cuando exista una revisión automática del Consejo de Estado.

En su dictamen, la Corte Constitucional ha dejado claro que su fallo no se relaciona con la suspensión provisional de los funcionarios, sino que se centra en el uso de la suspensión como sanción disciplinaria. Se destaca que la Corte ha abordado el tema de la suspensión en cinco fallos previos, donde se reconoce que la medida provisional se justifica en función de los fines específicos establecidos por el legislador y en interés de la protección de los principios constitucionales y del derecho disciplinario.

Uno de los fallos citados en esta instancia es el de la Sentencia C-086-19, donde se establece que "la medida provisional es justificada por el propio legislador a la luz de unos fines específicos. El fin de evitar que se interfiera la investigación consulta la protección de todos los principios e intereses constitucionales desarrollados por el derecho disciplinario."

Es importante resaltar que la Corte Constitucional ha subrayado que la Convención Americana de Derechos Humanos forma parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, no está por encima de la Constitución.

Este fallo de la Corte Constitucional tiene implicaciones significativas en el proceso disciplinario de funcionarios de elección popular y busca establecer un equilibrio entre la sanción y la protección de los derechos fundamentales, bajo el amparo de la Constitución y los principios del derecho disciplinario.