El Gobierno para pomover la modernización del sistema portuario colombiano, al entorno global y territorial, bajo principios de sostenibilidad se aprobó bajo el Conpes 4118, la nueva “Política Nacional Portuaria: Modernización y Sostenibilidad de la actividad Portuaria y su Articulación con el Territorio”. Después de 10 años de expedida la última política portuaria, este Conpes actualiza los lineamientos de desarrollo y operación del sector portuario, bajo una visión de intermodalidad a largo plazo.

En este sentido, es importante resaltar que la articulación entre el ordenamiento del territorio y la infraestructura de las zonas portuarias es fundamental para incentivar el desarrollo de ventajas competitivas para las regiones y sus comunidades, alcanzando una mayor especialización productiva, acceso a los alimentos, insumos y equipos utilizados en la cadena de suministro y comercialización.

Por su parte, la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, María Constanza García Alicastro señaló que “Este hito alcanzado durante el primer año de gestión del Gobierno del Cambio representa el interés del Presidente Gustavo Petro Urrego de impulsar la economía de gran escala y trabajar de la mano del sector portuario para consolidar nuevas conexiones en los mercados internacionales. Cabe resaltar que, está Política busca, más que la expansión, la eficiencia en las operaciones, la modernización y la inclusión de elementos adicionales como: el fortalecimiento institucional, articulación nación- territorio y sostenibilidad ambiental. De igual forma, el desarrollo de puertos resulta importante para el soporte de las actividades económicas del área de influencia territorial, debido a que actúan como una conexión entre el transporte marítimo y terrestre”.

Actualmente, el sistema portuario colombiano está conformado por nueve zonas portuarias sobre las cuales operan 90 concesiones, 66 de ellas de servicio público y 24 de servicio privado, a través de las cuales se movilizan cerca de 170 millones de toneladas (sobre una capacidad instalada para 410 millones). 

Las principales cargas transportadas son carbón (36%), granel líquido – principalmente hidrocarburos (27%), carga en contenedor (25%) y granel sólido (10%).

A través de un documento Conpes se implementará un conjunto de acciones organizados a partir de seis pilares principales:

Articular el sistema portuario con los instrumentos de planeación territorial y las condiciones físicas y ambientales de línea de costa en los litorales colombianos para cerrar la brecha entre el crecimiento portuario y el desarrollo del territorio y posibilitar el desarrollo armónico de ambos.

Promover la incorporación de buenas prácticas ambientales y de responsabilidad social empresarial del sistema portuario nacional para consolidar la visión de sostenibilidad socioambiental del sistema portuario.

Actualizar los esquemas de regulación tarifaria y de contraprestación en los puertos del país para promover la transparencia en su aplicación y por esa vía, la competitividad y la eficiencia en los servicios prestados.
Superar las limitaciones de las condiciones de la infraestructura de accesos marítimos, terrestres y fluviales y conectividad intermodal para incrementar la competitividad del sector.

Actualizar los instrumentos regulatorios del sistema portuario colombiano para promover el crecimiento, competitividad y modernización de los puertos que lo integran.
Fortalecer el marco institucional del sector portuario para facilitar al Ministerio de Transporte el ejercicio de su rol como Autoridad Portuaria.
 
La implementación de la política se adelantará a través de las 23 acciones dispuestas en el denominado Plan de Acción y Seguimiento - PAS que, hace parte del documento Conpes expedido, y las cuales tendrán como periodo de realización de julio de 2023 a junio de 2026.

Dentro de las principales acciones se destaca la actualización del Plan de Ordenamiento Físico Portuario y Ambiental, la definición del marco normativo para el sistema tarifario portuario y la metodología de contraprestación, la reglamentación de la operación de patios de contenedores y de la reutilización del material de dragado, así como la definición de condiciones previas al vencimiento de contratos que ya agotaron su única prórroga y el fortalecimiento institucional alrededor del sector portuario.

La Política será liderada por el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas como la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías, la Superintendencia de Transporte y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena. 

También, involucra entidades como el DNP, la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, UPIT, la Dirección General Marítima, Dimar, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, el Instituto Agustín Codazzi, IGAC, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Desde el sector transporte, se prevé que el cumplimiento de esta Política tenga un costo aproximado de $11.700 millones de pesos, sin incluir las obras por priorizar, principalmente en infraestructura de acceso y conectividad con las 9 zonas portuarias del país. Así mismo, se estiman inversiones cercanas a $10 billones de pesos en los próximos 15 años, en cabeza del sector privado.