En una reciente Auditoría Financiera llevada a cabo en la Universidad Nacional de Colombia para el año 2022, la Contraloría General de la República ha detectado un presunto detrimento patrimonial por un valor de $2.934 millones. Este daño estaría relacionado con el contrato interadministrativo 96 de 2018, en el cual la institución se comprometió con el Consejo Superior de la Judicatura a realizar pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias y aptitudes para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

El examen en cuestión se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2018, pero debido a errores técnicos atribuibles a la dirección del proyecto por parte de la Universidad, fue desestimado y tuvo que ser repetido con recursos propios. Esta segunda prueba representó un gasto adicional para la Universidad Nacional por un total de $2.934.309.706, lo que se considera un detrimento al patrimonio público.

La Contraloría recopiló información que reveló que esta segunda prueba implicó un desembolso de $1.700.000.000 en el año 2021 y de $1.234.309.706 en el año 2022, sumando así la cifra total mencionada anteriormente. Además del detrimento patrimonial, la Auditoría Financiera identificó 6 hallazgos administrativos, de los cuales 2 podrían tener incidencia disciplinaria, 1 amerita una solicitud de indagación preliminar y 1 tiene alcance fiscal.

El contrato entre la Universidad Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura fue establecido el 16 de agosto de 2018, con el objetivo de llevar a cabo un proceso de selección para cubrir vacantes en la Rama Judicial. Sin embargo, debido a los errores detectados en la aplicación de las pruebas, los cargos no han podido ser provistos en propiedad hasta la fecha.

La Contraloría Delegada para el Sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte ha llevado a cabo esta auditoría y ha emitido un comunicado de prensa informando sobre los hallazgos encontrados en la ejecución del convenio. Se espera que se tomen las medidas correspondientes para esclarecer los hechos y salvaguardar el patrimonio público.