La Fiscalía General de la Nación continúa su labor de desmantelar redes de corrupción en el país. En esta ocasión, se ha imputado al exjefe de la División de Recursos Humanos del Senado de la República, Rubén Darío Iregui González, por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Iregui González es señalado de haber ordenado el desembolso de 40 millones de pesos por actividades que no se ejecutaron.

La investigación se enmarca en los esfuerzos por judicializar a las personas que habrían colaborado con la red de corrupción conformada y articulada por el excongresista Mario Alberto Castaño Pérez. En esta ocasión, la Fiscalía imputó los cargos contra Rubén Darío Iregui González, quien supervisaba los contratos de prestación de servicios de Daniela Ospina Loaiza y Juan Carlos Martínez, presuntos miembros de la trama ilegal que direccionaba la contratación en entidades del orden nacional y territorial.

Los contratos de prestación de servicios de Ospina Loaiza y Martínez estuvieron vigentes entre marzo y diciembre de 2021, y tenían como objetivo desarrollar actividades de prevención relacionadas con la pandemia del COVID-19, como el seguimiento a los servidores de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), brindar información de salud pública y apoyar campañas sobre el correcto uso de los elementos de protección.

A pesar de que se ha constatado que los objetivos previstos en los contratos no se cumplieron, los contratistas recibieron los pagos correspondientes, con la autorización y el aval de Rubén Darío Iregui González. Según los elementos de prueba recolectados, Iregui González habría enviado varios correos electrónicos a la división financiera del Senado para solicitar el desembolso de los 40 millones de pesos a favor de los dos señalados enlaces del exsenador Mario Castaño.

Con esta imputación de cargos, la Fiscalía busca llevar ante la justicia a los responsables de este acto de corrupción y enviar un mensaje claro de que los actos ilícitos no quedarán impunes. El compromiso de las autoridades es continuar trabajando en la lucha contra la corrupción y velar por la transparencia en el manejo de los recursos públicos.