En aras de contribuir al debate y de aterrizar una serie de advertencias al cuerpo de la reforma aprobada en primer debate, Gestarsalud realizó un análisis sobre los puntos que afectan la atención de los colombianos.

Fragmentación y responsables difusos 
En general, en el texto aprobado se percibe una falta de claridad frente a los responsables de las funciones y una fragmentación tanto de las redes de prestación (entre el primer nivel y las instituciones de mediana y alta complejidad), como en las funciones relativas al sistema de referencia y contrarreferencia, que tendrían las Gestoras de Salud y Vida, los CAPS, la ADRES y las entidades territoriales. 

Esta situación generará, sin lugar a dudas, una excesiva complejidad en la operación del modelo de salud y la coordinación y articulación resultará difícil entre las instancias involucradas de cara a los usuarios, siendo estos los principales afectados.

En otras palabras, no hay claridad frente a los responsables de las funciones de gestión del riesgo en salud, contrario a lo que sucede hoy, que hay un único responsable de esta gestión en todos los niveles de atención, las EPS. 

Si la responsabilidad de la articulación pasa de estar a cargo de un único responsable a ser coordinada por dos o más actores y se confirma la desarticulación de los niveles de complejidad que podría suceder con frecuencia -aplicando lo redactado en este artículo 13 de la iniciativa-, se verían afectadas de manera dramática la calidad, oportunidad e integralidad en la prestación de los servicios de salud que se dan a los usuarios.

Financiación
Respecto a la financiación de los Centros de Atención Primaria, CAPS, Gestarsalud señala que el artículo 9 de la reforma señala que estos se financiarán con recursos de oferta, es decir, un presupuesto específico que se les otorgará. 

Lo anterior, en esencia, es tomar una parte importante del subsidio que actualmente está destinado a la atención de la población más pobre y vulnerable para convertirlo en un subsidio destinado al funcionamiento de los CAPS públicos, privados y mixtos. 

En otras palabras, se cambia el beneficiario del subsidio individual, dejando de estar en cabeza de las personas y pasando a las instituciones. Este cambio de modelo tiene un efecto directo sobre la atención de los usuarios, pues se corre el riesgo de que se atienda al usuario en los CAPS solo hasta que los recursos alcancen, como ha sucedido en otras oportunidades.

El análisis del gremio indica que trasladar los subsidios a la oferta a todo el territorio nacional puede ser un error. En primer lugar, porque algunas entidades no necesitan de estos recursos, para dar continuidad de la atención que hoy se garantiza. Por otro lado, dicho traslado podría generar un incentivo perverso frente al mejoramiento de la calidad, pues al tener un recurso asegurado mes a mes se corre el riesgo de que la resolutividad en estos primeros niveles se afecte y se genere remisión injustificada a otros niveles de complejidad.

La iniciativa propone en el artículo 65 una recomposición del gasto actual para fortalecer algunos componentes del sistema o de algunos territorios en detrimento de otros. Es decir que, si se desea fortalecer la atención primaria sin nuevos recursos, esto necesariamente afectará la atención de pacientes de mediana y alta complejidad, especialmente los de alto costo y los pacientes crónicos que deberían conservar sus programas y rutas de atención.