Tras un análisis técnico y detallado de la ponencia de reforma a la salud radicada ante el Congreso por el Gobierno Nacional el pasado viernes 31 de marzo, Acemi concluye que la iniciativa constituye un grave retroceso en el derecho a la salud de los colombianos. Entre las principales preocupaciones, que ya han sido enviadas al Congreso, se destacan: 

El proyecto no resuelve las quejas planteadas de forma reiterada por los usuarios y pacientes de oportunidad en las atenciones, ni se ocupa de los problemas de sostenibilidad financiera del Sistema de Salud. Al fraccionar los niveles de atención, y sin un responsable de la gestión integral de riesgo en salud y financiero, es de esperarse que los dos problemas se agudicen. 

Se mantiene la propuesta inicial del MinSalud de eliminar el modelo de aseguramiento, constituir un pagador de naturaleza pública universal, eliminar las EPS, adscribir a las personas a Centros de Atención Primaria, CAP, y fragmentar la prestación. 

Se elimina la libre elección del asegurador. Al crear un monopolio estatal, se elimina la posibilidad de que los afiliados elijan su asegurador. La escogencia de un médico tratante o de un centro de servicios es una concepción limitada de este derecho. 

La eliminación del aseguramiento supone que el riesgo financiero lo asuma el afiliado. Como ya no hay EPS, serán los hogares colombianos los que deban financiar cobros adicionales o inesperados. 

La figura de Gestoras de Salud y Vida no soluciona un problema estructural: no hay un agente con las capacidades de hacer una gestión integral del riesgo en salud y del riesgo financiero, con lo que los resultados en salud del país en el mediano plazo, la sostenibilidad del sistema y los avances en equidad, incluido el bajo gasto de bolsillo, están seriamente comprometidos y habría un riesgo fiscal para la Nación. 

La fragmentación financiera a través de distintos fondos y cuentas entorpece la gestión operativa y administrativa. No se especifica la participación de los diferentes Fondos en el total de recursos administrados, de forma tal que no se comprende cómo serán distribuidos. 

La naturaleza de los fondos cuenta no cambia el planteamiento ni el riesgo de burocratización: el Fosyga era un fondo cuenta con más de 400 empleados. 

Preocupa la incapacidad de la ADRES para asumir funciones como la auditoría médica de todas las atenciones en el país. Las nuevas funciones frente a los cobros por atenciones SOAT son claro ejemplo de esa falta de capacidad. A la fecha los prestadores (clínicas y hospitales) no han podido radicar la primera factura desde la entrada en vigencia de la norma, en diciembre de 2022. 

La constitución de un fondo limitado de recursos implica que los afiliados que accedan primero dejen sin atención a aquellos que llegan después. Esto puede pasar en especial en pacientes de alto costo. 

La ponencia reduce $11 billones anuales para servicios de salud, pues señala que el 87% de los recursos de SGP deberán destinarse a la atención primaria, reorientando recursos que hoy financian niveles superiores de complejidad. 

Triple integración vertical: el Estado define la política, la regula, define tarifas, se contrata, presta los servicios, se audita, se paga y se vigila. El MinSalud asume funciones operativas, Agencias como la ADRES asumen competencias regulatorias, lo que es un retroceso en el diseño institucional. 

La transición propuesta no es viable ni en tiempos ni en recursos. Preocupan los cerca de 100 mil empleos que se pueden perder, y la continuidad y financiación de las atenciones a los 8 millones de colombianos con enfermedades crónicas y de alto costo. 

La ponencia no elaboró un análisis riguroso e integral de los proyectos presentados para acumulación. Si bien se adicionan algunos artículos de otras iniciativas, no responde a un ejercicio conceptual de construir un articulado coherente, técnico y concertado. 

El gremio reiteró la disposición de las EPS de aportar a los objetivos del Gobierno desde las capacidades construidas, y las preocupaciones sobre el futuro del Sistema de Salud de aprobarse la ponencia presentada. 

Estas observaciones han sido compartidas con las comisiones séptimas mediante comunicación radicada ayer ante el Congreso.